Sobre la propuesta de un ombudsman para el río Uruguay

Se ha sabido que el presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, el pasado 19 de abril le entregó al presidente Tabaré Vázquez cinco propuestas. Una de ellas era la negociación de un nuevo estatuto para el río Uruguay y la creación de un ombudsman para ese río.

La idea de crear un defensor ciudadano para los temas ambientales es muy interesante y merece un análisis detallado. Para comenzar se pueden considerar al menos tres aspectos: si la figura de un ombudsman es la mejor opción, si éste debería ocuparse únicamente del río Uruguay, y finalmente, comentar algunas de sus posibles tareas.

El concepto de ombudsman tiene una larga historia, pero en general alude a un «defensor del pueblo» que vela por el interés ciudadano, particularmente enfocado en evaluar los actos y decisiones gubernamentales, pudiendo investigar y denunciar sus fallas. Si el caso lo amerita, el ombudsman debe transferir sus hallazgos a la Justicia, ya que carece de competencias en ese terreno.

La figura tradicional de ese defensor aborda un amplio abanico de temas, y sólo en algunos casos se han enfocado en temas de salud y ambiente. Casualmente uno de ellos es muy cercano, ya que la ciudad de Buenos Aires cuenta con un defensor adjunto para los temas ecológicos, mientras que el defensor del pueblo a nivel nacional también ha abordado temas ambientales. Allí se controla la administración pública y se vigila por la atención de los derechos humanos, y entre ellos los que aseguran la calidad del ambiente.

Para evaluar si es posible contar con una figura similar en Uruguay, es necesario recordar que una parte de la izquierda resistió por largo tiempo la creación del Defensor del Vecino en Montevideo, demostrando que tiene dificultades en aceptar mecanismos independientes de control ciudadano que no pasan por el Estado o por estructuras partidarias. Pero también debemos recordar que, en cambio, el progresismo apoyó la creación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, por lo cual podría llegarse a pensar en un comisionado análogo para los temas ambientales.

Apuntando en el mismo sentido, algunos países han dado otros pasos para contar con un control y monitoreo independiente, creando «contralorías» ambientales. Esta contraloría sería similar a nuestro Tribunal de Cuentas, pero se encargaría específicamente del seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas ambientales, tanto por privados como del Estado, y evaluaría si las agencias ambientales nacionales o municipales están realmente cumpliendo con su trabajo. Es tradicional que sus miembros sean elegidos por el Poder Legislativo, aunque pueden hacerlo a partir de candidatos presentados por el Ejecutivo.

El trabajo de un agente independiente, sea un ombudsman o una contraloría, requiere seguir con la profundización de la normativa ambiental nacional. En ese sentido, deben ser bienvenidos los anuncios del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Milton Cairoli, de establecer normas específicas para «delitos ambientales» en la nueva reforma del Código Penal. La experiencia internacional también indica la importancia de contar con fiscales especializados en temas ambientales (en Uruguay estamos dando algunos pasos en esa dirección, destacándose la labor del fiscal Enrique Viana).

La dimensión de la independencia de esta figura es clave, y conviene recordar el caso del ombudsman de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En 2002, la primera administración de G. Bush cerró esa defensoría en medio de una fuerte controversia debido a las denuncias de ese ombudsman de posibles conflictos de interés entre la directora de la Agencia de Protección Ambiental con empresas que manejaban enormes volúmenes de residuos subvencionadas por fondos públicos.

También debe considerarse si ese control independiente debe estar restringido al río Uruguay. ¿Por qué no tener una figura similar en las demás cuencas del país? A lo largo del río Negro y sus tributarios, se han sumado denuncias que van desde la pesca depredadora a la contaminación. La cuenca del río Santa Lucía está bajo fuerte presión agropecuaria, y en la zona de la Laguna Merín, persiste la necesidad verdaderas soluciones frente a la telaraña de canales, diques y represas.

Por lo tanto, necesitamos un defensor de este tipo pero para todo el país, ya que los controles minuciosos no deberían estar restringidos a algunas porciones del territorio. El camino ideal sería una agencia independiente a nivel nacional, y que eventualmente podría ser complementada con ombudsman ambientales departamentales.

Finalmente, se deben considerar los propósito de una defensoría ambiental. La autoridad nacional ambiental, en nuestro caso la Dinama, debe seguir monitoreando la situación ambiental y controlando los impactos ambientales. El propósito esencial de un ombudsman u otra agencia de contralor debe asegurar que esos mecanismos realmente funcionen, y hacerlo desde un espacio independiente que no dependa de la propia administración, y que sea receptivo y efectivo en atender las demandas ciudadanas.