Ante los procesamientos y los controles en el Estado

a Justicia de Instrucción, en base a distintos elementos, adoptó una serie de medidas que determinaron el procesamiento de dos ex altos jerarcas de OSE y trece funcionarios de menos jerarquía, los primeros con prisión, atendiendo el magistrado al concepto de «alarma pública» que a su entender existía entre la población ante hechos que se habían producido en la administración del Estado.

El tema tiene ya repercusiones de diversa índole, porque algunos sectores políticos, fundamentalmente colorados, porque la mayoría de estos jerarcas provienen de esas «tiendas» políticas, ya han salido públicamente a cuestionar la medida entendiendo ­ como lo hizo el ex presidente Jorge Batlle ­ que el juez interviniente se basó en una norma, la del «abuso de funciones», de «cuño fascista», para adoptar una medida que, de mantenerse en el tiempo, afectará a los jerarcas de todos los «pelos», hasta los que hoy mismo están gobernando en el país.

Por otra parte, englobados en la misma investigación, se encuentran el senador Juan Justo Amaro de la Lista 15 y el diputado herrerista Alberto Casas, cuyo desafuero fue oportunamente solicitado y es motivo de largos cabildeos entre los legisladores de todos los partidos, muchos de los cuales sostienen que el arbitrio de los fueros es un atributo que posee el legislador por su condición y lo protege, no sólo por lo que expresa la fría letra de la Ley, para facilitarle su labor parlamentaria, sino de cuanta cosa haya hecho en su vida, incluso fuera del tiempo en que fue ungido como dueño de esa prerrogativa.

Por supuesto que la expresión de Batlle, de que el «abuso de funciones» se trata de una norma de cuño fascista, no es más que un mote oportunista, destinado a desprestigiar una norma bastante difusa y poco clara que, quizás, debería ser más precisa, pero que tiene la virtud de castigar a quienes mal utilizan los dineros del Estado. ¿O qué se pretende? ¿Que nadie controle a los directores de los entes autónomos, que desaparezcan la Auditoría Interna de la Nación y el Tribunal de Cuentas, se derogue el Tocaf, y cada uno administre a su real saber y entender?

Los controles dentro del Estado son necesarios, pertinentes y debieran ser más severos. Por ello, en más de una ocasión, desde estas columnas nos alarmamos por la orfandad en que la Asamblea General ha dejado al Tribunal de Cuentas, no tratando casi nunca los asuntos que siempre terminan archivados sin ser considerados dentro de los plazos constitucionales pertinentes.

Si todo el sistema de controles en la administración pública funcionara de la forma pertinente (recordemos que el Tribunal de Cuentas tiene un contador delegado en cada organismo público), existirían menos jerarcas incursos en el delito de «abuso innominado de funciones» y no se sucederían, como ocurren hoy, los escándalos que provocan alarma pública cuando se conocen hechos ocurridos en distintas reparticiones del Estado.

Ahora los ojos están puestos sobre el Parlamento, aunque hay que ser claros en una cosa: los 15 procesamientos que se produjeron por hechos ocurridos en OSE no indican, necesariamente, que Amaro y Casas sean responsables de delito alguno. Decimos esto porque no se trata de establecer culpabilidades de antemano. Sin embargo, nos parece que la Justicia está en su derecho de reclamar, en base a los elementos que maneja el juez, el desafuero de los dos legisladores por una serie de hechos vinculados no a su actual función ­ repetimos el concepto para que quede bien claro ­ sino a su actuación previa a haber asumido sus respectivas bancas legislativas.

La opinión pública está altamente sensibilizada en torno a estas situaciones, tal como el juez subjetivamente lo ha establecido decretando la prisión de dos de los procesados atendiendo el estado de «alarma pública» existente. El Parlamento tiene una trascendente disyuntiva que lo hará más creíble y respetable, o lo convertirá ­ como algunos sostienen ­ en otro conglomerado con reflejos corporativos. *