El combate a la delincuencia

Más de una vez, desde estas páginas hemos destacado el socialismo humanista que inspiraba al doctor José Díaz en su tarea al frente del Ministerio del Interior.

Más de una vez hemos reconvenido severamente a los dirigentes políticos opositores que, en busca de mezquinos réditos políticos no vacilaron en denostar al ministro y se ensañaron en la crítica a su gestión.

El recambio ministerial que llevó a Daisy Tourné a la titularidad de la cartera de Interior no ha modificado la esencia del accionar de ese ministerio en un gobierno de izquierda.

El fantasma de la inseguridad fue convenientemente agitado y agigantado para acusar a Díaz de excesiva blandura y culpabilizarlo por un fenómeno que tiene su origen en la pauperización de la sociedad, provocada, a su vez, por un modelo de crecimiento económico perfectamente injusto e inhumano cuyos impulsores son quienes se rasgan hoy las vestiduras reclamando mano dura contra los delincuentes.

Independientemente de que la inseguridad sea una realidad o una mera sensación térmica, el hecho es que esa prédica pertinaz de las fuerzas conservadoras ha abonado la percepción negativa del común de la gente sobre la eficacia policial. El año pasado se llegó al extremo de que un grupo de vecinos de Canelones se proponía organizar escuadrones de la muerte para hacer justicia por mano propia y “matar a todos los pichis que anden en la vuelta”, según rezaba el comunicado de ese grupo subversivo.

Ahora bien, como de todos modos aumenta el clamor popular exigiendo más seguridad, el gobierno, sin apearse ni un ápice de su vocación humanista, había elaborado ya el año pasado un par de proyectos de ley que apuntan a dotar de mejores herramientas a la Policía y a la Justicia en su combate a la delincuencia en general y a la delincuencia juvenil en particular.

No se trata de una marcha atrás. Tampoco se trata, como lo han sugerido algunos, de una respuesta irreflexiva ante el anuncio del Partido Nacional de recolectar firmas para corregir la normativa vigente. Se trata de una sabia adecuación a la realidad.

Y la realidad indica que la miseria y la exclusión, el desempleo y las bajas remuneraciones ­esos “inevitables costos sociales” que hay que pagar para crecer en los parámetros del neoliberalismo­ han generado un incremento del índice de delincuencia y, al mismo tiempo, son los causantes del triste fenómeno de la infantilización del delito.

A esa realidad debe hacer frente el gobierno actual. Una realidad que, como en otros ámbitos del quehacer nacional, resulta ser una herencia maldita de la ineptitud y de la irresponsabilidad criminal de los gobiernos anteriores.

Y para hacer frente a dicha dolorosa realidad, es preciso combatir el delito y brindarle seguridad al ciudadano común.

Así, mientras desde otras secretarías de Estado se estudian y se adoptan medidas para atacar las causas del incremento de la delincuencia (el Mides y sus planes asistencialistas, el MIEM y el MEF tratando de instrumentar el país productivo, el MEC ampliando su acción educativa hacia los barrios más carenciados, etcétera), la realidad impone que el Estado también ataque los efectos de ese drama social, efectos que sufren todos los habitantes del país. *