De qué integración hablamos
En esta entrega haremos referencia a algunas de las experiencias más emblemáticas en materia de integración y en una segunda comentaremos sobre un Decálogo para la Nueva Integración de América Latina y el Caribe.
Hay una vieja conseja que dice que la experiencia en la vida del ser humano debe servir para saber qué cosas deben hacerse y qué cosas no deben hacerse. Si esto se traslada a un país y más a un conjunto de países, la conseja parece mucho más pertinente.
Sobre la Unión Europea
La experiencia hasta ahora que se desprende de todas las reuniones de la Unión Europea es que el tema de los acuerdos en materia económica y comercial predomina bajo los parámetros o principios del libre mercado. Los temas relevantes siempre han sido el destino del «cheque» británico, el tamaño del presupuesto, la Política Agraria Común, las ayudas o los aportes de cada miembro a ese presupuesto, los recursos para la Política de Cohesión, el llamado ‘efecto estadístico» y la nueva política migratoria que son difíciles de resolver por la vía de consenso.
El tema de los trabajadores y la amenaza que se cierne sobre los avances logrados, productos de sus históricas luchas, en materia de la seguridad social y de las asimetrías existentes en los salarios de los países miembro, hasta ahora no han sido discutidos con profundidad en esta experiencia de integración
En Europa ciertamente existe una democracia desarrollada y consolidada, pero a su vez también es cierto que aparecen con mucha frecuencia los fantasmas de la homofobia y la agresión a las minorías étnicas y religiosas. Vuelven los síntomas de los demonios que hace 50 años hicieron vivir el Holocausto y la eliminación masiva de seres humanos por su origen racial o su creencia religiosa. Yugoslavia es un ejemplo típico de esto.
Esta experiencia integracionista practica de una manera no transparente la respuesta ante los inmigrante porque, por una parte, lamenta la existencia de ilegales y por la otra, el efecto llamada no es la regularización, es decir, que la llamada es una oferta de trabajo ilegal.
También es un problema serio para la Unión Europea resolver lo que parece difícil de resolver: la Constitución única.
¿Qué ha pasado en América?
En el contexto de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones, inspirados por las propuestas fundamentalmente de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el año de 1960, se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) con la participación de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante el Tratado de Montevideo (posteriormente se incorporaron Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela), bajo el paraguas jurídico del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
En el año de 1980, tras el fracaso de la Alalc para establecer el libre comercio entre los países parte, se crea la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) con el propósito de establecer, en forma gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano.
En las décadas de los 80 y de los 90, el proceso de integración avanzó como un elemento más del proceso de apertura de las economías, inspirado bajo el modelo neoliberal, entendiéndose que los países tenían ventajas comparativas y competitivas que debían ajustarse a las normas de mercado, lo cual llevó al derrumbe de los aranceles promedio en la región.
Estas políticas, impuestas en el marco del proceso de renegociación de la deuda externa que azotó a la mayoría de las economías de América Latina, pretendía estimular el intercambio de bienes y servicios, para de esta forma y como consecuencia, disminuir de manera automática la desigualad y la pobreza.
En el caso de Centroamérica y Suramérica, donde ya existían para la década del 60 uniones comerciales con objetivos de largo plazo, como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (vigente del 4 de junio de 1961), el Pacto Andino (firmado el 26 de mayo de 1969) y la Comunidad del Caribe (creada en 1958), tendrán, ya para la década de los 90, resultados desafortunados en materia de integración, por cuanto los gobiernos de turno transformaron estos esfuerzos en actividades meramente comerciales desviándolos de sus conceptos iniciales.
Recordemos que en los años fundacionales de los tres instrumentos de integración mencionados, ya Estados Unidos había lanzado la Alianza para el Progreso, mediante la cual concebía a este territorio como un gran mercado y a su vez como una especie de muro de contención a la influencia de la Unión Soviética y de los movimientos armados revolucionarios de ideología marxista que existían en varios países de Centro y Sur América.
En la década de los noventa, la década de predominio de las políticas neoliberales y con el apoyo entusiastas de muchos gobiernos de América Latina, los procesos de integración pasaron a tener casi exclusivamente objetivos comerciales y de intercambio de bienes y servicios.
En ese contexto, se funda el Mercosur, con el objetivo de profundizar el comercio intra regional a través de la «libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países», establecer «un arancel externo común» y coordinar las «políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte», en todos los sectores económicos. En esa misma década, el Pacto Andino se transforma en Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el Protocolo de Trujillo de 1996 y se definen sus objetivos políticos con el Protocolo de Sucre de 1997, sin embargo y paradójicamente, con esta evolución en el proceso de integración se perdió el rumbo inicial y se convirtió en lo que es actualmente la CAN.
Mientras esto ocurría en América Latina, Estados Unidos, con objetivos claros, socio histórico de Canadá, aceleró sus procesos de integración con fines exclusivos en materia de bienes y servicios como consecuencia de la profundización y consolidación del Mercado Común Europeo (MCE), hoy Unión Europa (UE), para lo cual afianzó su estrategia con los gobiernos de turno en México y consolidó el Tratado de Libre Comercio (TLC), junto con Canadá.
Con esa misma estrategia comercial y más recientemente, ha negociado con los países de Centroamérica y la República Dominicana un TLC, ratificado por el Congreso norteamericano, en el cual se privilegia la liberación de comercio de bienes y servicios. Por cierto, en el caso de Centroamérica ya comienzan a verse los primeros resultados negativos.
Esta estrategia de negociación bilateral últimamente ha arreciado ante el fracaso de la iniciativa del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
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