Nombramientos en la ANEP: informar rápido y claro

El diputado del Frente Amplio-Encuentro Progresista Víctor Rossi acaba de formular un pedido de informes acerca de los contratos de obra que se habrían firmado en el presente año por parte del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública.

Según la información preliminar con que cuenta el legislador, habrían sido contratadas 432 personas en lo que va del año.

De confirmarse, la cifra resultaría impresionante.

Algunas afirmaciones adelantadas el lunes por el nuevo presidente del Codicen, licenciado Javier Bonilla, muestran una sensata preocupación por el tema, pero hasta que los informes no se divulguen, será difícil tranquilizar a la opinión pública ante materia tan delicada.

Una rasgo distintivo del sistema de la educación pública en Uruguay fue la larga pugna por la implantación de sistemas racionales que otorgaran garantías a todos los aspirantes a cargos en el sistema, a través de pautas objetivas de evaluación, de concursos de diversas características (de oposición, de oposición y méritos, etc.)

Una parte considerable de las garantías que ofrece la educación en el país proviene, justamente, de la aplicación de las normas que procuran que los poseedores de título habilitante y los más calificados para las funciones docentes o técnico-docentes vean garantizadas sus posibilidades de ingreso a la función educativa.

Se procuró así, en movilizaciones que se remontan a decenios atrás, evitar que el terreno de la labor educativa se convirtiera en un campo más para las prácticas del clientelismo político.

En la contingencia a que hacemos referencia, el legislador de Encuentro Progresista maneja la cifra de unos dos millones seiscientos mil dólares que insumirían las referidas contrataciones.

En su respuesta, el licenciado Bonilla señala que examinará uno por uno los contratos realizados.

Algunas «fuentes» de los organismos de dirección de la ANEP han señalado que «hay más de 100 contratados en el llamado MESYFOD (programa de mejoramiento de la Enseñanza Secundaria y la Formación Docente), 70 en el MECAEP (Mejoramiento de la Calidad de Enseñanza Primaria) y 15 en la propia ANEP».

Realmente, si la cifra de 432 nombramientos es elevada, los 185 que ahora se reconocen no es un guarismo nada desdeñable.

Sobre todo si se observan en el marco de los preconizados «programas de ajuste» implementados por el gobierno en el Presupuesto Nacional, de la situación deficitaria que sobrelleva el Estado y de descaecimiento de los recursos materiales disponibles por parte de la educación pública.

De confirmarse las informaciones filtradas por «las fuentes» del Codicen, estaríamos ante la reedición de una conducta que ha resultado sumamente irritante para amplios sectores de la opinión pública.

Nos referimos a las denuncias, hasta ahora ni aclaradas ni desmentidas por el señor Davrieux, de la existencia de un gran número de contratos de arrendamientos de obra, muchos de cuyos beneficiarios se han reclutado entre familiares del elenco gobernante, particularmente de la anterior administración.

El tema es delicado.

La educación, como es notorio, se encuentra en un particular estado de ebullición por la disconformidad de los gremios docentes y estudiantiles ante las magras partidas dispuestas en el Presupuesto a estudio y votación en el Parlamento.

De confirmarse la existencia de áreas privilegiadas en materia de nombramientos y remuneración, no se estaría haciendo otra cosa que echando leña a la hoguera.