Hacia la justicia distributiva

Hemos dicho en reiteradas oportunidades que la oposición política –conformada fundamentalmente por los partidos Nacional y Colorado– ha declarado una guerra implacable al gobierno progresista, una guerra en la que no escatiman medios para golpear allí donde los dirigentes políticos tradicionales suponen se encuentran los puntos débiles de la gestión del doctor Vázquez.

Sin embargo, no sólo la oposición blanquicolorada cuestiona acerbamente al gobierno. También desde grupos y sectores de la propia fuerza política gobernante, así como desde diversas organizaciones sociales, se lanzan frecuentes cuestionamientos a la gestión del doctor Vázquez. Incluso voces anónimas emiten sus juicios adversos al gobierno por medio de nuestra sección Llamadas al Director. Y el concepto más recurrente en las críticas provenientes de la izquierda es la acusación de «continuismo», referida principalmente a la política llevada adelante por el equipo económico.

Este hecho también ha sido motivo de análisis desde esta página. Y hemos dicho que es comprensible esa urgencia de la población (sobre todo de los sectores más postergados) en que se materialicen los cambios prometidos. Son demasiados años de gobiernos conservadores empeñados en aplicar el nefasto modelo neoliberal; son demasiados años de pérdida de puestos de trabajo, de reducción del poder adquisitivo de los salarios; son demasiados años de marginación y de desesperanza.

Pero así como nada cuesta entender esa situación límite que viven vastos sectores de la sociedad, también hay que comprender la imposibilidad material de que todo cambie de la noche a la mañana.

No debe olvidarse un hecho incuestionable: la izquierda no llegó al gobierno mediante una revolución que todo lo trastoca y hace tabla rasa del antiguo régimen. Por tanto, no solamente debe respetar el orden jurídico vigente sino, además, debe adecuarse a la realidad económica.

Este gobierno recibió un país fuertemente endeudado, deteriorado socialmente, con marginalidad, con una sociedad fracturada, con altos niveles de deuda pública, con una injusta distribución del ingreso. Y para revertir esa situación heredada, debe manejarse con ciertas reglas de juego. Sin embargo, el equipo económico dirigido por el ministro Astori no se ha limitado a manejar bien las cuentas públicas y estimular el desarrollo productivo, sino que ha dado señales claras de su propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente.

Veamos algunos datos objetivos. Hay un innegable crecimiento de la producción y de la inversión, así como un ligero incremento del empleo y del salario real.

Siguen registrándose mejoras notorias en la eficiencia de los organismos recaudadores: la DGI y el BPS alcanzaron cifras históricas en el combate al informalismo; y también la Aduana logró resultados espectaculares.

Estamos a las puertas de una nueva rendición de cuentas que, como ha dicho Astori, no debe convertirse en una fiesta de demagogia presupuestal que conduzca al exceso del gasto público como ocurrió en el pasado. Pero tampoco habrá de ser una rendición de cuentas de artículo único pues habrán de contemplarse –en la medida que las arcas del erario así lo permitan– innumerables reclamos de diversos sectores de la sociedad. *