El Parlamento tiene ahora la palabra

Es indudable que el país ha avanzado de manera sustancial en las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ahora sabemos mucho más de lo ocurrido que cuando terminó su investigación la llamada Comisión para la Paz. Las excavaciones realizadas en cuarteles, chacras y otros lugares pasibles de haber sido lugares de enterramientos clandestinos sirvieron para recuperar algunos restos y para demostrar que los oficiales militares que informaron a los mandos de las Fuerzas Armadas sobre lo ocurrido faltaron a la verdad en algunos casos y otros, por supuesto, tienen la información «embargada» por razones todavía inconfesables

La tarea de los antropólogos fue doblemente importante. En primer lugar por haber restituido a unos pocos familiares los restos buscados desde hace años, con insistencia, lo que de alguna manera permite a algunos cerrar su duelo de decenios. Por otro, para mostrar la cobardía de quienes, amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ni siquiera fueron capaces de decir la verdad sobre los enterramientos o, quizás sobre otro tema, la veracidad de la acción de camuflaje posterior a los asesinatos que significó la llamada «Operación Zanahoria».

Ahora el gobierno, por un decreto, ha resuelto instituir el día del natalicio de José Artigas como la fecha en que todos los uruguayos conmemoraremos en adelante el día del «nunca más», ese sentimiento tan sentido por generaciones de compatriotas que no quieren que se reitere lo del pasado en el cual un Estado dictatorial, imbuido de un sentimiento mesiánico, se sintió dueño de la verdad histórica y arremetió contra todo lo que se le oponía, asesinando, destruyendo familias, arrebatando libertades y estableciendo un estado tiránico como pocos.

Un período de dolor y sangre, de muerte, tortura y cárcel, de la cual los uruguayos salimos, porque en este país se cree en la democracia, se necesita vivir en ella, para desde allí ­ bien o mal ­ construir un país, en ocasiones también inhóspito, a nuestra medida, en base a gobernantes elegidos por todos los ciudadanos.

El presidente Vázquez aclaró muy bien que este decreto, determinando el cierre de esta etapa de las investigaciones, no significa un punto final, ni tiene vinculación con ningún acuerdo poco claro con sectores todavía interesados en aquietar las aguas del pasado. Si existe una denuncia, una comprobación, un hecho, se investigará, como se hizo hasta el momento. El decreto no significa un obstáculo para seguir recorriendo el camino de la verdad, ni que el gobierno entienda estar conforme con lo logrado hasta el momento. Nada de eso.

Significa el término de una primera etapa tras la que seguirá otra y en la que se ahondarán caminos para que la verdad y la justicia resplandezcan algún día en este país, sabiendo que estos conceptos son basamentos imprescindibles, sin los cuales una sociedad nunca puede aventar totalmente sus resquemores.

Por ello desorienta y preocupa que se encuentre en danza un proyecto de ley, impulsado por el diputado Daniel García Pintos que, con nombre y apellido, plantea quiénes serían los beneficiarios de una compensación de 150 mil dólares, igualando en el mismo texto a represores muertos por los grupos subversivos, con algunas víctimas de éstos, sin que estos últimos revistan ninguna otra condición probada que haber caído bajo las balas o en las mazmorras de tortura que utilizaban los representantes más conspicuos del terrorismo de Estado.

No se trata de igualar a contendientes ante la muerte, nada de eso. Se pone en la misma balanza a terroristas de Estado, muchos de ellos con probada actividad en organizaciones tan siniestras como el Comando Caza Tupamaros, con víctimas que no necesariamente han intervenido en la lucha armada. Un proyecto que, además, tiene nombres y apellidos, dejando fuera de la norma ­ de aprobarse ­ a infinidad de personas que han sufrido el mismo cruel destino.

Por supuesto, ahora es el Parlamento el que tiene la palabra que, obviamente, tendrá en cuenta las visiones que se sustentan en la opinión pública. *