Otra vez aparece la tesis del "mal menor"

Sin duda la tesis del «mal menor» tiene adhesiones en el continente y desde que la muerte a manos de un Policía, en Neuquén, de un docente, provocó un estallido de protestas en toda la Argentina que culminó ayer con un paro nacional, debe tener algunos más.

Es que, extrañamente, en muchos países, los grupos de choque de la Policía por diversas razones que deberíamos desentrañar, quizá también culturales y otras vinculadas a un entrenamiento militar que se saltea, quizás, inculcar la esencialidad de la función que tienen los agentes, que es la defensa de la ley dentro de valores democráticos, determina esas muestras de criminal brutalidad.

Ocurre que en ocasiones cuando participa la Policía en un hecho en donde la seguridad está en cuestión, o apalean brutalmente o matan, como ocurrió con este maestro en Neuquén a quien se le lanzó una granada de gas lacrimógeno a poco más de un metro de distancia.

Al parecer en la Argentina las fuerzas policiales carecen de adiestramiento adecuado y para muchos de sus efectivos la represión del desorden, cuando existe realmente, es sinónimo de agresión, maltrato, sin medir las consecuencias de lo que se hace.

Es evidente que existe una clara impericia policial para contener sin agredir ni matar. ¿A eso se refería la ministra Daisy Tourné cuando afirmó que se optó por el «mal menor» cuando no se actuó contra los forajidos que rompieron vidrieras de comercios y de una entidad religiosa y agredieron a periodistas, en el centro de Montevideo, durante una manifestación convocada en contra de la llegada del presidente de EEUU George W. Bush?

La novel ministra no estaba señalando que era mejor dejar actuar a los facinerosos que disuadirlos o pararlos con las fuerzas de la Policía militarizada que, quizá, por alguna extralimitación provocaba males mayores.

Claro, lamentablemente, esa tesis del «mal menor» es la que también ha impuesto el presidente argentino, Néstor Kirchner, para no resolver el problema que provocan los piquetes que siguen cortando los puentes (ahora se mantiene sólo bloqueado el tránsito en el de Puerto Unzué­Fray Bentos), que en estos casos ha determinado que los llamados «asambleístas» se erijan en los dueños de la política exterior argentina y obliguen, de alguna manera, al gobierno a argentino a adoptar políticas absurdas que, obviamente, lo están dejando en ridículo ante el mundo, pidiendo el traslado de la planta de Botnia, que se encuentra en los últimos tramos de construcción y comenzará a producir dentro de pocos meses y que tuvo un costo aproximado a los mil millones de dólares. Una planta, además, realizada sobre la base de las técnicas más actualizadas destinadas a no contaminar el medio ambiente.

A tal extremo lleva adelante esa política el presidente argentino, que ha permitido, como señala la propia prensa argentina, que siete ­casi siempre alcoholizados­ militantes piqueteros asambleístas fueran los responsables del corte en la zona de Colón, que eran contemplados por más de una docena de gendarmes que, a su vez, organizaron el estacionamiento de los no avisados transportistas y automovilistas.

Hay varios asuntos polémicos entrelazados en este tema. Es evidente que los grupos de choque de la Policía no han sido entrenados para una clara actuación dentro de la democracia, donde se debe guardar el orden con rigor, tener severidad con la delincuencia, pero sin transgredir en ninguna ocasión lo que marcan las normativas legales.

Ese es el camino que le queda al instituto armado policial que, obviamente, debe defender a la sociedad de quienes la agredan y de los que transgredan normas, incluso las de tránsito, cortando rutas, avenidas y calles de uso público.

Se debe prevenir la violencia, evitando la acción de los que no respetan a las personas ni a sus bienes, pero a la vez se debe ser implacable en la acción disciplinaria cuando aparece la brutalidad de los agentes que agreden a mansalva, sin razones atendibles, como ocurriera recientemente con dos dirigentes de un club deportivo.

La Policía tiene una tarea específica en la democracia, la que está delimitada por la Ley. Su transgresión es invalidante para ese organismo del Estado. *