Imposible equilibrio

El Presidente de la República ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que recoge la propuesta del diputado colorado Daniel García Pintos en el sentido de reparar a los policías, militares y civiles afectados por el accionar de la guerrilla urbana que actuó en el país desde mediados de los años sesenta.

Se trata de una iniciativa aparentemente inobjetable, que tiende a una solución justa y equitativa pues beneficia a ciertos compatriotas no contemplados en la reparación dispuesta para las víctimas de la represión estatal. De lo que se trataría, pues, es de equilibrar las cosas, de «igualar los tantos».

Loable propósito que nadie podría dejar de compartir. Sin embargo, entendemos que al apoyar dicha iniciativa, se está de algún modo avalando la teoría de los «dos demonios», esto es, la percepción equivocada de que insurgentes y represores, guerrilleros y torturadores, luchadores sociales y terroristas de Estado son la misma cosa; que se cometieron excesos de ambos bandos; que tanto unos como otros son responsables y merecen por igual la condena unánime de la sociedad y de las generaciones futuras.

Nos preguntamos: ¿es legítimo ubicar en un mismo plano de igualdad la acción directa de la guerrilla con los métodos brutales que usaron las fuerzas represivas para combatirla? Por más que se condene el método empleado por los grupos insurgentes o que se cuestione su oportunidad política, no hay punto de comparación entre la violencia revolucionaria y la sevicia que caracterizó a los encargados de reprimirla. Que las organizaciones guerrilleras cometieron delitos de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, nadie lo discute; pero los delitos cometidos por los funcionarios del Estado en la lucha contra los sediciosos tienen un altísimo contenido inmoral que desnuda la vesania de los represores. La tortura sistemática aplicada para obtener información –y las más de las veces con el mero objeto de mortificar a los detenidos– no tiene parangón con los actos delictivos cometidos por la guerrilla, que jamás recurrió a ese método abyecto. Las condiciones de reclusión impuestas a los insurgentes y opositores en general demuestran, también, la insania de los terroristas de Estado, que exhibieron lo peor del alma humana regodeándose con el sufrimiento ajeno y sometiendo a los prisioneros a tratos crueles y degradantes que buscaban aniquilarlos física y psicológicamente; y muchas veces lo lograron.

Del mismo modo que a nadie se le ocurriría equiparar a Leandro Gómez con Venancio Flores, no podemos admitir que se pretenda equiparar la acción directa de los grupos insurgentes con la práctica del terrorismo de Estado que el gobierno de Pacheco y luego el de Bordaberry aplicaron despiadadamente para combatir a esos grupos y para reprimir el descontento popular.

La historia reciente –y particularmente la de la época oscura del régimen cívico-militar– debe recoger otros crímenes que, comparados con la desaparición forzada, pueden resultar «menores» pero que revelan de manera patética hasta dónde es capaz de llegar la vesania de los represores. El refinamiento de algunos métodos para destruir física y psicológicamente a los detenidos, la imaginación al servicio de la crueldad, demuestran a qué grados de deshumanización puede llegar la mente de un ser humano.

No se trata de describir, por satisfacer una curiosidad morbosa, ciertas prácticas de tortura o las violaciones y vejámenes a que se sometía sistemáticamente a los detenidos. Pero se trata sí de tomar conciencia de que el hombre puede ser el lobo del hombre y que hay individuos capaces de llegar a extremos inimaginables de abyección.

No podemos seguir fomentando la confusión de las nuevas generaciones. No deben ignorar la perversión que dominó a los represores y las formas sutiles de humillar y de mortificar que pusieron en práctica. La historia también se compone de esos detalles. *