Injustificado cuestionamiento de la Justicia

En nota editorial publicada el sábado pasado se hacía referencia al hecho singular de que nuestro sistema judicial estaba siendo víctima de cuestionamientos por parte de la derecha así como de pequeños grupos de una ultraizquierda intransigente.

Naturalmente que las críticas se originan en casos diferentes pero tienen el denominador común de atribuir a jueces y fiscales una suerte de toma de partido o de alineamiento a favor de determinado sesgo político. Tanto unos como otros apuntan, en definitiva, a cortar el hilo por lo más delgado y yerran en el objeto de sus denuestos. Tanto unos como otros hablan irresponsablemente de una politización de la Justicia.

Como quedó dicho en la nota editorial aludida, si los dirigentes conservadores entienden que no se ha configurado el delito de abuso de funciones o que penalizar ciertas conductas inocuas es injusto, no tiene sentido señalar como culpables a los magistrados encargados de aplicar la ley, y lo que correspondería sería más bien debatir acerca de la pertinencia de la norma y, eventualmente, legislar para modificarla, precisar su alcance o, directamente, derogarla. Pero mientras la norma exista y esté vigente, los magistrados deben aplicarla, y sería un escándalo que un juez se arrogara la potestad que no tiene de decidir per se si una ley es adecuada o no lo es, si es justa o inicua, y si corresponde soslayarla según cada caso en que el delito previsto en el código se ha configurado; la máxima latina «dura lex, sed lex» sigue manteniendo toda su validez.

Algo similar ocurre frente el procesamiento de uno de los manifestantes que el pasado viernes 9, con la excusa de la visita del presidente estadounidense Bush, se dieron a todo tipo de tropelías y desmanes en el centro de Montevideo. Al igual que en oportunidad de la Cumbre de Mar del Plata que tuvo lugar hace dos años, la Justicia entendió que los violentos manifestantes habían cometido el delito de sedición. Más allá de si efectivamente corresponde tipificar ese delito, importa destacar que nadie niega el derecho de cada quien de analizar, discutir, cuestionar o criticar toda decisión judicial, pero todos sabemos que existe la posibilidad de apelar a todos los recursos formales y procesales previstos en nuestra legislación. Todas las instancias que conforman el complejo mecanismo procesal integran, precisamente, el conjunto de garantías del debido proceso que los regímenes democráticos han establecido en su legislación. Son los mecanismos idóneos previstos para evitar o corregir los posibles errores de los magistrados, seres humanos al fin y, por tanto, falibles.

De modo, pues, que sin olvidar el derecho a disentir que a todos nos asiste y a expresar dicho disenso, no es de recibo que miembros de los grupos convocantes a la manifestación hablen de que estamos en un proceso de «criminalización de la protesta» o de que el Poder Judicial se está «derechizando». Ni lo uno ni lo otro. No es la protesta lo que la legislación castiga; la prueba está en que ese mismo día de la visita de Bush otra manifestación multitudinaria expresaba su repudio a la presencia del mandatario estadounidense. La diferencia estriba en que esta última manifestó su rechazo en forma pacífica, sin alterar el orden y sin provocar daños. Y cuando decimos que lo hizo en forma pacífica, no debe entenderse que haya sido una manifestación respetuosa; antes bien, fue un duro cuestionamiento a Bush y su política belicista, una severa condena al imperialismo y sus crímenes. Pero esa protesta y esa condena se expresaron respetando las normas de convivencia civilizada, sin generar desórdenes y sin cometer actos de vandalismo injustificables.

Ahora bien, si hay quienes consideran que la mejor manera de manifestar lo que sea (el repudio a alguien, la protesta contra una decisión gubernamental, el rechazo a una ley o la apología de una persona) es destrozando vidrieras y automóviles, deben tener muy en cuenta que esa conducta está castigada por la legislación como reflejo de un amplio consenso ciudadano en el sentido de no permitir tales atropellos. Y, consecuentemente, deben estar dispuestos a asumir el riesgo que tal comportamiento conlleva. Estamos viviendo bajo un régimen democrático en el que los derechos y garantías individuales tienen plena vigencia y nadie es castigado por manifestar su punto de vista.

Hace muchos años que en el país no hay presos políticos. La acción irresponsable de pequeños grupos no tiene justificación alguna, especialmente bajo el gobierno actual en que la protesta está especialmente garantizada. *