La destitución de un magistrado

Por una reciente resolución, la Suprema Corte de Justicia destituyó al juez de la Ciudad de la Costa. No es un hecho frecuente, y en mérito a esa circunstancia, vale la pena ocuparse de él.

Entre los muchos mitos que alberga la conciencia colectiva uruguaya es de destacar la convicción de que los funcionarios públicos son no sólo inamovibles sino que además gozan de una suerte de estatus privilegiado que los torna intocables, inmunes e impunes. La percepción generalizada en la sociedad es de que una vez que una persona ingresa a la administración pública adquiere automáticamente el derecho de cometer cualquier desaguisado porque nadie –ni el Presidente de la República– tiene potestades para expulsarlo de sus cuadros.

Obviamente que, en rigor, las cosas no son así. Es cierto que los funcionarios gozan de protecciones y que pueden recurrir aquellos actos administrativos de sus jerarcas dictados con desviación de poder ante la Justicia de lo Contencioso Adminstrativo. Pero lo que los jerarcas de la Administración no pueden hacer es disponer de sus funcionarios de la misma manera que un empresario decide la suerte de sus empleados; no se puede ‘despedir’ a un empleado estatal sin aducir razón alguna como sí puede hacerlo un patrón en la actividad privada. (Precisamente esto es a lo que se pretende llegar cuando se habla de revisar la inamovilidad de los funcionarios: quitar a los empleados públicos la garantía de su estabilidad laboral con el propósito de reducir la plantilla y el gasto).

Pero todos los funcionarios son pasibles de sanciones –y concretamente de ser destituidos– mediando ciertas circunstancias, es decir si se verifican determinados extremos y a condición de que se cumplan ciertos requisitos formales. Y el reciente caso del juez Delfino es una prueba de ello. Haciendo funcionar todas las garantías legales del debido proceso (investigación, sumario, descargos, etcétera) los ministros de la Suprema Corte han hallado que uno de los magistrados que integran el Poder Judicial había observado una conducta que, sin llegar a ser dolosa y merecer por ello su sometimiento a la Justicia, lo inhabilita a seguir ejerciendo su cargo al frente de una sede judicial. Dicho sea de paso, el actuario de ese mismo juzgado había sido procesado con prisión por el delito de certificación falsa; y, desde luego, fue destituido.

Entendemos que –sobre todo tratándose del Poder Judicial, un órgano del Estado cuidadosamente observado por la ciudadanía siempre dispuesta a censurar sus carencias y errores– es una señal más que positiva que la opinión pública debe percibir como tal.

Justamente, al ahora ex juez se le imputa ineptitud para el ejercicio del cargo. Errores inexcusables cometidos por el ex magistrado configuraron un abuso de autoridad en el desempeño de su función, lo cual puede tener como resultado –además del perjuicio para los ciudadanos afectados– el descrédito para la administración de justicia.

De eso precisamente se trata: de salvaguardar el prestigio y la credibilidad de un Poder del Estado que debe velar por la transparencia, la honestidad y la solvencia e idoneidad de sus funcionarios.

Son éstas, pequeñas actitudes que coadyuvan a dar –o a devolver, si es que ella se ha perdido– la necesaria confianza de la ciudadanía en las instituciones.