La desregulación laboral y el Estado bajo un gobierno progresista

Uno de los aspectos cruciales para el desarrollo del país productivo es el tipo de relaciones laborales a impulsar. En efecto, si un país apuesta a insertarse en el mundo en base a productos estándares y de bajo costo, sin demasiada preocupación por la calidad de bienes y servicios, las relaciones laborales correspondientes a dicha estrategia no mostrarán ningún énfasis en la justa distribución del ingreso o la estabilidad laboral. Esto no es una abstracción, ya lo vivimos en las épocas del neoliberalismo crudo y puro de los gobiernos blanquicolorados. La no convocatoria a los Consejos de Salarios y en general el retiro del Estado de la regulación de la economía, tienen que ver con la decisión política de contribuir desde el aparato del Estado a aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esta estrategia, además de radicalmente injusta, es un camino cerrado para un país como el nuestro. Por las características de su economía, el tamaño de las empresas y el grado relativamente alto de calificación de la mano de obra la única estrategia productiva viable para el país es la de la producción de bienes y servicios de altísima calidad, incorporando el mayor grado posible de «materia gris» a los procesos de trabajo. En el cuadro de una estrategia que se preocupe por promover este tipo de procesos productivos, las relaciones laborales correspondientes deben ser a su vez relaciones de altísima calidad. La convocatoria de los consejos de salario, la ley de libertad sindical y la ley de tercerizaciones ­que tiende a prohibir el negocio de la desregulación- apuntan en ese sentido. Pero lamentablemente cuando el proceso de regulación de todo lo que el capital ha desregulado no ha finalizado, sea por presión patronal, sea por sus propias convicciones, o porque el Estado como empleador es uno de los peores desreguladores de las relaciones laborales y el proceso de regularización enfrenta las restricciones de una política económica de signo ortodoxo; muchos representantes del gobierno vacilan en dar continuidad a una estrategia firme de transformación del mundo del trabajo en el sentido de promover el trabajo de calidad.

Tomemos como ejemplo lo que sucede en el Estado con respecto a la política de contratación de trabajadores. El Estado, inhibido de contratar en forma directa a los funcionarios que necesita ha apelado a diversas formas de tercerización espuria, intermediación de la mano de obra, contratación de trabajadores a través de empresas unipersonales y otras formas de fraude laboral. Lamentablemente no se nota una iniciativa firme de cambiar lo que los partidos tradicionales han hecho. En Antel, las direcciones anteriores son responsables de que los trabajadores «guarda hilos» que hacen el mantenimiento de las líneas telefónicas ni siquiera fueran considerados como trabajadores, pero el actual directorio no ha tenido la voluntad de resolver este tema. Los trabajadores no tienen derecho a atenderse la salud, están contratados como «arrendamiento de servicios», inclusive si se lastiman trabajando ­ como lamentablemente ha ocurrido – ni siquiera tienen derecho a atenderse en el BSE. El actual directorio es responsable de que nuestra empresa pública pierda miles y miles de dólares en los juicios laborales que mantienen los trabajadores contra el ente, por su intransigencia al impedir en su momento un acuerdo razonable con el sindicato. Aún los trabajadores tercerizados de Antel que operan un área estratégica como los «call centers» siguen contratados y superexplotados por empresas suministradoras de mano de obra temporal. Y la solución no pasa ­como sostiene el directorio ­ por crear una nueva SA externalizando un área estratégica para las telecomunicaciones, sino contratando en forma directa a quienes producen gran parte de la riqueza de nuestra empresa pública.

En el BSE los fiscalizadores de accidentes de trabajo son contratados como «empresas unipersonales». Incluso ganan a destajo SIC!!! El actual directorio se niega a un acuerdo sobre la base de la contratación directa de dichos trabajadores. Al parecer – y esto es lo más grave- para el actual directorio del BSE no es prioridad el aseguramiento de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Prefiere priorizar la rentabilidad que generan los seguros comerciales. Si valoramos el tiempo en que ha demorado en atender una solicitud de reunión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para conversar sobre la tendinitis y las enfermedades de columna que el BSE no reconoce como enfermedades profesionales, expulsando a miles de trabajadores, esta hipótesis es plausible.

Si un trabajador genera valor para reproducir su salario y un excedente del cual se apropia la empresa, lo mínimo a reclamar es que ese trabajador sea contratado en forma directa por la empresa en que produce. Tenemos la firme esperanza de que el gobierno corrija estos malos ejemplos de relaciones laborales. De lo contrario el discurso público de los supuestos que sostienen la propuesta de reforma del estado no serán creíbles. Ya que un Estado que no es «amigable» con sus propios trabajadores, no puede serlo en su relación con el conjunto de la sociedad. *