Procedencia y oportunidad de una comisión investigadora

Bien cierto es que el pueblo debe «saber de qué se trata». Nos referimos, obviamente, a los casos más notorios que desde hace un tiempo han sacudido a la opinión pública: el episodio ocurrido con el tratamiento médico (y posterior intervención quirúrgica) del ex senador Nicolini en dependencias del Ministerio de Salud Pública; la gestión de los Casinos Municipales durante la pasada administración en el gobierno comunal; y las irregularidades administrativas verificadas en OSE en la gestión de las anteriores autoridades del ente.

La gente debe estar informada, los hechos deben conocerse y las responsabilidades deben asumirse para que la verdad resplandezca y para que la cristalinidad deje de ser un propósito y pase a ser una realidad. Hemos vivido demasiados años de ocultamiento y de omisiones, y la población exige saber lo que pasa así como ver que se adoptan medidas sancionatorias contra los funcionarios irresponsables o corruptos.

En esto todos los partidos políticos parecen estar de acuerdo. Desde todas las tiendas se oyen expresiones en el mismo sentido. Ahora bien, la transparencia, la cristalinidad, la voluntad de satisfacer la necesidad de «saber de qué se trata» que siente el pueblo, no pasan exclusivamente por las comisiones investigadoras en el ámbito parlamentario. Hay mil maneras de investigar, de esclarecer los hechos confusos o dudosos ocurridos en algún organismo estatal, y no necesariamente a través de una Comisión Investigadora parlamentaria. Esta última herramienta es, por cierto, muy válida y resulta pertinente especialmente cuando no hay en curso ninguna otra investigación o cuando existe la razonable duda en cuanto a que se conozcan los resultados de dicha investigación.

No parece ser el caso que involucró a Leonardo Nicolini y al Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la conducta del ex senador, parece estar definitivamente desterrada toda sospecha de una maniobra delictiva que le hubiera reportado un beneficio material. Lo que sí está en el tapete es el funcionamiento del andamiaje administrativo y burocrático de una dependencia estatal, la falta de controles, los desencuentros comunicacionales entre las diversas reparticiones o departamentos del ministerio y las posibles omisiones de algunos de sus jerarcas.

Para dilucidar todos estos asuntos, responder a interrogantes legítimas que todos nos planteamos y deslindar o adjudicar responsabilidades, hay en curso una investigación administrativa ordenada por las máximas jerarquías del propio ministerio, la cual brinda todas las garantías del caso en cuanto a transparencia, cristalinidad, objetividad e imparcialidad. Por otra parte, no bien se hizo pública la situación, la Justicia resolvió actuar de oficio y lleva adelante su propia investigación.

Siendo así las cosas, ¿qué sentido tiene conformar otra comisión, en este caso en el ámbito del Senado, para desarrollar otra investigación en la que seguramente se superpondrán y se reiterarán declaraciones y testimonios? ¿No sería, acaso, promover un espectáculo circense que distraería a los legisladores de otras funciones más importantes y del tratamiento de proyectos de ley que el país necesita con urgencia?

Estamos de acuerdo en que el Parlamento tiene la misión de controlar al Ejecutivo. Pero cuando esa vigilancia resulta a todas luces innecesaria puesto que hay investigaciones en desarrollo, no parece procedente que una de las Cámaras se ocupe del asunto. *