La globalización del etanol

Desde que el presidente estadounidense mencionó la producción de etanol como cuestión estratégica ­ desde el punto de vista energético –en su mensaje anual al Congreso, en el año 2005–, el tema comenzó a tomar la dimensión globalizada que hoy tiene. La publicitada conversación acerca del mismo con el presidente brasileño ha sido precedida de medidas que han ido allanando silenciosamente el camino hacia ese acuerdo político y económico. La más importante, la supresión del actual arancel, impuesto por la potencia mundial, a la importación del etanol brasileño, enmarcando esta visita su difundida declaración en cuanto al «interés de colaborar con Brasil para patrocinar la producción de etanol y lograr su globalización» (Bush dixit).

Parece increíble por tratarse del tema de que se trata ­ un producto agrícola derivado del azúcar, maíz y otros granos -, pero nadie puede negar que, también políticamente, Brasil comienza a recoger los frutos de una verdadera política de Estado en la materia, iniciada en la década del 70 y con un gran impulso en la década del 80. Después de la segunda crisis petrolera, Brasil promovió un nuevo impulso a su programa de producción de alcohol carburante. Como hemos dicho anteriormente –de acuerdo a informes oficiales– hasta ese momento la ecuación económica se obtenía con la producción de caña de azúcar en las zonas tradicionales de alta productividad, con una relación por la cual, a un rendimiento agrícola de 100/120 toneladas por hectárea de caña, se correspondía un costo del alcohol equivalente a un barril de petróleo de 30 dólares. Cuando el costo del barril superó los 30 dólares (la mitad del precio actual), y en la perspectiva de su crecimiento, Brasil resolvió expandir el cultivo de caña a zonas marginales, con menores rendimientos y costos más elevados, pero tomando en cuenta que, a la ecuación económico financiera, había que agregar la dimensión social, por la mano de obra que generaba. Esto último queda claro hoy que es el otro factor determinante en el tema, además del energético, por lo menos para los gobernantes que piensen en términos de creación de puestos de trabajo y mejora de las condiciones de vida de millones y millones de personas en el mundo.

Y lo de Brasil es aún más encomiable en virtud de que, aún cuando después de lanzado el programa «Proalcol» – en la década del 80 – el mercado de hidrocarburos no siguió linealmente una tendencia alcista, y tuvo el país que echar mano a los subsidios para mantener y acrecentar el ritmo de producción, dicha política de Estado le dio finalmente sus frutos, estos actuales, de ser el segundo productor y primer exportador mundial de etanol. En este mundo en crisis energética Brasil utiliza ahora un factor más de diálogo y negociación con EEUU, creado por el razonamiento y empeño de sus gobernantes en la materia, fueren cuales fueren, durante treinta años. La afirmación de Bush relativa a «la globalización» del etanol es suficientemente contundente en cuanto a las necesidades y sus respuestas. Su promocionada agenda con Lula también.

En el Uruguay, donde al rubro central y permanente de la carne, lo han acompañado en el agro durante el tiempo otros, como el trigo y la cebada durante muchos años, y los tradicionales cultivos de verano, hasta el «boom» de la soja y los eucaliptos, también hubo un momento de auge de los cultivos sacarígenos, con una importante agroindustria que cubrió la demanda interna, creó miles de puestos de trabajo, ahorró divisas e incluso las generó con alguna exportación. Aquí, desde el cónclave de San Miguel, en 1977, en adelante, el Estado hizo todo lo posible para terminar con la agroindustria, convirtiendo de hecho al Uruguay en el único país del mundo sin agroindustria azucarera. Las oscilaciones de los precios internacionales fueron el argumento manejado, en una verdadera «contrapolítica de Estado», antitética a la de los brasileños. Dicha orientación fue advertida, con propuestas para ser contenida, por la Comisión Especial del Senado para la reactivación de Arinsa o ingenio de Mauá, en Soriano, que produjo en 1986 un extraordinario informe, premonitorio en cuanto a lo que está sucediendo hoy, en el país y en el mundo, en materia energética. Decía la Comisión del Senado: «La Comisión sostiene que la democracia reconquistada puede solucionar uno de los tantos crímenes económicos que nos legó el régimen de facto, el cierre de Arinsa, estabilizar y dar seguridad al resto de la industria azucarera nacional y empezar a desarrollar una auténtica revolución agrícola en el país, generando riqueza, puestos de trabajo, e independizando al país en un renglón de abastecimiento esencial del que es todavía absolutamente dependiente». (El subrayado me pertenece). Esto fue pensado hace veinte años por aquellos legisladores, intentando que el país practicara una verdadera política de Estado en la materia, dirigida a impulsar el «país productivo con justicia social».

Este país ­ pequeño pero digno ­ puede también, en la temática, dialogar con los grandes, interesados – como lo están – por desarrollar una idea que de respuesta a dos necesidades primordiales para la especie humana: energía y trabajo. *