Uno de los aspectos más relevantes de la tarea que se ha propuesto el gobierno actual es sin duda alguna la reforma del sistema educativo. Es innegable que otras reformas de enorme trascendencia figuran en la agenda gubernativa: así la que refiere al sistema tributario, la del sistema de salud o la “madre de todas las reformas” al decir del presidente Vázquez, es decir, la reforma del Estado.
Todas estas grandes transformaciones han suscitado (y siguen suscitando) intensos debates, algo que no debe sorprender puesto que implican cambios profundos, casi podría decirse estructurales, en la vida del país y de sus habitantes. Pero por tratarse de un asunto especialmente polémico, la reforma educativa mereció la instalación de un debate oficial propiciado desde el mismo gobierno como forma de dar participación a todos los actores involucrados en la delicada tarea de formar a los jóvenes. Fue y sigue siendo un debate abierto, amplio, en el cual se oyen las propuestas de distintos actores sociales y en el que se da cabida a iniciativas, propuestas y sugerencias extremadamente valiosas.
Y es preciso destacar la implementación del debate en torno al tema pues las anteriores reformas llevadas a cabo en gobiernos anteriores nunca fueron objeto de discusiones profundas ni surgieron de consensos más o menos amplios. Recuérdese que la última reforma, más conocida como “Reforma Rama”, generó desde su aplicación intensos rechazos. Pero la idea de las actuales autoridades de la enseñanza no es hacer tabla rasa, pues algunos aspectos de la famosa reforma son valorados y serán sin duda mantenidos.
La reforma del sistema educativo que el gobierno se plantea llevar a la práctica no se limitará a una puesta al día de los programas o al cambio de nombre de ciertas asignaturas. Por primera vez está en el tapete la discusión sobre los fines que debe perseguir la educación en nuestro país. Esta discusión es una deuda que la sociedad tenía consigo misma, pues todos los intentos de reforma, los nuevos planes de estudio que se aprobaron y se pusieron en práctica como “planes piloto” desde hace más de cuarenta años, no fueron el resultado de un análisis profundo sobre las metas que se proponía la educación en Uruguay; nunca hubo un verdadero debate cuestionador y auténticamente crítico.
Las reformas respondieron más que nada a un afán novelero de “aggiornamento”, al deseo de emular las reformas educativas del primer mundo sin tener en cuenta la realidad nacional. Y cuando en algún momento se advirtió que nuestra enseñanza secundaria era demasiado libresca y elitista, se cayó en extremos tan malos como el que se pretendía corregir. Nos referimos a la tan extendida idea de que nuestra enseñanza no preparaba a los jóvenes para insertarse en el mercado laboral, crítica que no era errada pero que condujo finalmente a un desprecio exagerado por la formación humanista e integral y puso el acento en el aprendizaje de destrezas para actividades laborales concretas.
El desafío está planteado.
Ardua tarea aguarda a los responsables de elaborar planes y programas. Deben decidir si el país necesita individuos aptos para desempeñar una tarea que los convierta en meros engranajes del sistema productivo o si, por el contrario pero sin descuidar la formación técnica, aspiramos a formar ciudadanos libres y con espíritu crítico.
Es preciso hallar un equilibrio entre la información y la formación, entre el cultivo del espíritu y el dominio de herramientas útiles, entre la incorporación de valores y el pragmatismo. *
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