Hacia la negociación colectiva

En momentos en que la oposición política está superando marcas en cuanto a convocar a ministros y ejercer con especial celo su función de control y fiscalización, la información publicada ayer con respecto a la reanudación de las conversaciones en el marco del Compromiso Nacional debe ser bienvenida.

Merced a una postura sensata del gobierno, se conjuró la crisis que amenazaba la continuidad del diálogo por el sistema de negociación colectiva, hecho que trajo alivio y serenidad a las partes. La perspectiva de establecer un nuevo ámbito de intercambio de opiniones distinto al Compromiso Nacional para analizar los alcances y la reglamentación de las leyes de Tercerizaciones y de Créditos laborales habilitó que los representantes de las cámaras empresariales desistieran de su amenaza de abandonar el diálogo.

Estas dos últimas leyes, de reciente aprobación, generaron polémica y rispideces. Recordemos que la de Tercerizaciones obliga a las empresas contratantes de servicios brindados por terceros a controlar que éstos cumplan y estén al día con sus obligaciones; y que la otra ley extiende el plazo de vigencia de los créditos laborales. Son dos asuntos urticantes que encontraron severos cuestionamientos tanto de la oposición política como de los dirigentes de las cámaras empresariales. Dos asuntos polémicos que se suman a otras normas aprobadas por la actual administración de gobierno, como la que habilita la ocupación de los lugares de trabajo, que también generaron un fuerte rechazo de parte del sector empresarial. Fue posible oír a representantes de los empresarios criticar acerbamente al gobierno por considerar que su política laboral no es equilibrada pues perjudica notoriamente a su sector.

Entendemos que más allá de las críticas razonables que puedan hacerse a ciertos aspectos concretos de dichas normas, los pasos dados por el gobierno desde su asunción en marzo de 2005 en materia de relaciones laborales tienden, en última instancia, a revertir la tendencia desreguladora de las últimas administraciones (sobre todo a partir del gobierno del doctor Lacalle), que dejaron en total desamparo a los asalariados. La flexibilización laboral fue uno de los estandartes levantados por el credo neoliberal, que pretendía que las relaciones de trabajo quedaran libradas a las implacables leyes del mercado, sin incidencia alguna del Estado. De este modo, más que las leyes del mercado, lo que regiría las relaciones entre patronos y obreros sería la Ley de la Selva, esto es, la preeminencia del más fuerte, que por tradición (y no hay razón para suponer que la situación cambie algún día) han sido los empresarios.

Pero no se trata de tomar revancha ni de perjudicar a nadie. Para los intereses del país, la clase empresarial es tan importante como cualquier otro sector de la sociedad; y cuando todos somos conscientes de la necesidad de crecer, de desarrollarnos y de mejorar las condiciones de vida de la población ­algo sobre lo cual no parece haber discrepancias­, es preciso sumar y no restar, incorporar y no excluir. El gobierno actual cuenta con las mayorías necesarias para aprobar las leyes que quiera y no está obligado por norma alguna a consultar a quien sea; no hay disposición constitucional ni legal que prescriba la necesidad de lograr consensos. No obstante, si bien no existe dicha obligación legal, existe sí una obligación política y moral.

Estamos hablando de políticas de Estado que van a conducirnos a un modelo de país distinto al que diseñaron los partidos tradicionales. Un modelo de país que prioriza la producción como fuente creadora de trabajo y de riqueza, y para que ello sea posible, es imprescindible contar, si no con el apoyo, al menos con la comprensión del empresariado nacional. Y si además de esa comprensión se logra el compromiso con el proyecto de país productivo que permita crecer con justicia social, las posibilidades de éxito están prácticamente aseguradas. *