Reforma del Estado

No es ésta la primera vez que nos ocupamos del tema; tampoco ha de ser la última. Ocurre que se trata de un asunto de enorme importancia y que, junto a otras reformas que se ha planteado el gobierno actual, apunta a un cambio si no revolucionario, indudablemente radical en la vida del país.

Nadie discute que la situación económica y social heredada por el gobierno exige prioridades para atender ciertas urgencias de los ciudadanos más sumergidos. No en vano las encuestas han revelado desde hace ya un tiempo que la gran aspiración mayoritaria de los uruguayos y su demanda más imperiosa es la creación de fuentes de trabajo. Para satisfacer este más que justo reclamo, las autoridades se han abocado, por un lado, a paliar las situaciones más críticas y, por otro, a promover lo que ha dado en llamarse el “país productivo”, esto es, la apuesta fuerte a recomponer el aparato productivo, a hacer funcionar nuevamente determinadas actividades económicas vinculadas con los sectores primario y secundario que habían sido abandonadas por la irresponsabilidad novelera de las administraciones anteriores.

Pero junto a este drama social de la desocupación debida al desmantelamiento del aparato productivo, el país padece otras patologías que conspiran contra el desarrollo y el grueso de la población exige, desde hace varias décadas, que sean corregidas. Una de ellas es el funcionamiento del Estado y sus características: desorden administrativo, pesadez de los trámites, burocracia irritante, falta de controles; al mismo tiempo, se cuestionan las brutales inequidades en las retribuciones que perciben los funcionarios según la repartición estatal en la que se desempeñan, así como el supuesto exceso de los mismos. Este último aspecto es de responsabilidad directa de los partidos tradicionales, que hicieron del empleo público un mecanismo idóneo para obtener resultados electorales o para retribuir favores. Al respecto, vale la pena recordar que uno de los últimos ministros de Salud Pública de la anterior administración debió reconocer que ese ministerio era un club político.

El reciente episodio que tuvo como protagonista a Leonardo Nicolini sirvió para que volviera a saltar a la luz pública una situación (en este caso concretamente vinculada al Ministerio de Salud Pública) que desnuda la realidad de muchos organismos estatales. Entendemos que el asunto se debió a una serie de lamentables errores, confusiones y malentendidos, pero que, como lo afirmó la ministra María Julia Muñoz, no ha habido dolo. Sin embargo, como decimos más arriba, ha quedado en evidencia una notoria falta de controles y la desprolijidad con que se gestionan las oficinas públicas. No se trata de señalar culpables porque de alguna manera la responsabilidad es de un sistema anquilosado que promovió desde siempre la desidia y que fomentó la falta de compromiso de los funcionarios con su tarea.

Por eso pensamos que más que los estímulos que algunas reparticiones estatales han dispuesto para reducir el número de funcionarios, concretamente estímulos monetarios para aquellos que estén en condiciones de jubilarse, habría que pensar en otro tipo de estímulos, dirigidos a otro fin. Estamos hablando de redignificar la función pública y de corregir las inequidades salariales; de promover el reciclaje del funcionariado, de impartir cursos de capacitación que permitan a los funcionarios su necesaria puesta al día, y por fin, establecer un sistema que delimite claramente las responsabilidades que a cada uno correspondan.

De este modo lograremos que la población deje de percibir al Estado como un obstáculo y casi como un enemigo, para sentir que verdaderamente ese “ogro filantrópico” está al servicio del ciudadano y no al revés. *