El año 2007 para los cambios progresistas

El tercer año del gobierno frenteamplista aparece como una coyuntura definitoria para el programa de cambios comprometido con la ciudadanía. Ya no operan de igual forma las múltiples dificultades derivadas de asumir por vez primera el gobierno nacional. Un aparato conformado por decenios de conducciones coloradas, blancas y militares. Han quedado aventados los miedos sobre desestabilización, hiperinflación, resistencias militares, agitados durante años por la derecha. Todavía no están jugando los escenarios electorales que marcarán una dura pugna para volver atrás o para profundizar los cambios y variados dibujos sobre ese mapa.

Algunas de las reformas estructurales largamente debatidas tienen prevista su implementación en este año, como es el caso de la reforma tributaria. El Sistema Nacional de Salud debe tener aprobación parlamentaria y avanzar sustantivamente su puesta en práctica. La nueva Ley de Educación que surgirá del rico proceso de debate educativo y del Congreso efectuados será sin duda un jalón. Otras como la Reforma del Estado y la del Banco Central deben tener una discusión más transparente y profunda dentro del FA y en la sociedad.

Uno de los desafíos más significativos es el que hace a la justicia social, a la reducción sustancial de la pobreza, a la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de la inclusión social. Parece claro que este gobierno tiene al respecto una sensibilidad y un compromiso del que carecieron anteriores. La implementación de una serie de programas que apuntan a paliar la situación de indigencia y de pobreza extrema nucleados en el Panes es la expresión más clara, aunque no la única, de esa voluntad política. Programas como Trabajo por Uruguay, Maestros comunitarios, Plan de emergencia sanitaria, entre otros, son ejemplos en tal sentido

Sin embargo, la situación social sigue siendo grave. Las cifras de pobreza e indigencia son todavía muy altas, 27 % de la población bajo la línea de pobreza y 2,9% de indigencia para un país como el nuestro golpean el sentido de justicia y de democracia. Una pobreza con cara de niño y de joven. 56,7% de los menores de 6 años viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Todos los indicadores sociales tienen sus peores guarismos en la población infantil. No obstante todavía no existe una priorización acorde en las políticas sociales para esa franja etaria. «En los niños, suele concentrarse todo aquello que queremos dejar atrás: la pobreza, la indefensión y la invisibilidad política y social», señala el Informe no gubernamental de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en Uruguay.

A su vez, el país está en una coyuntura de bonanza económica con cifras de crecimiento del producto bruto de niveles históricos. Está más que demostrada la falsedad de las doctrinas que preconizaban que había que llenar la copa de los poderosos para que derramara sobre el resto de la sociedad. Ya en las experiencias socialdemócratas europeas y en nuestro país con el batllismo el Estado operó como agente redistribuidor.

En el gobierno frenteamplista, en el año 2007, se trata de generar mecanismos fuertes de redistribución que permitan reducir las desigualdades agudas que existen hoy, en el marco de una democratización cada vez más profunda de las relaciones sociales.

No alcanzan políticas focalizadas sobre la indigencia, se requieren políticas sociales generales que articulen la educación, la salud, la vivienda y la participación ciudadana con la generación de empleo digno.

Estas políticas tienen mucho que ver con el país productivo porque éste no se construye solo asegurando indicadores macroeconómicos o con la creación de climas de negocios, como ha predominado hasta el momento.

Indudablemente la mayor formalización del empleo que se ha producido en estos dos años contribuye a mejorar la situación social de los trabajadores de menores ingresos. El descenso de la desocupación a 10% es importante, aunque el desarrollo de políticas activas de empleo permitiría abatir mucho más estas cifras. Al mismo tiempo, herramientas que forman parte de la seguridad social como las asignaciones familiares han sido subutilizadas.

Los gobiernos departamentales son protagonistas clave de las políticas sociales en conjunto con el gobierno nacional. En el caso de Montevideo junto a la responsabilidad sobre la mitad de la población del país, existe una rica experiencia que permite potenciar los esfuerzos en esta área. También otras intendencias tienen un potencial en este plano.

El enfoque integral de las políticas sociales supone superar la fragmentación o parcialización, para articularlas en el territorio y hacerlo desde una concepción participativa. La asistencia social por parte del Estado es un aspecto de estas políticas que difiere del asistencialismo como concepción. Por el contrario, para el Frente Amplio se trata de construir ciudadanía, fortaleciendo las redes sociales de la comunidad, generando y transfiriendo poder a nivel de las estructuras sociales que se vayan gestando desde los sectores populares. *