Efectos del neoliberalismo en el Uruguay de fin de siglo
Las páginas de la sección Sociedad de LA REPUBLICA del miércoles 4 pueden configurar una suerte de muestreo realmente dramático de la realidad uruguaya de fin de siglo.
Luego de transcurridos tres lustros de la recuperación de la convivencia democrática –y sin que ello signifique quitar valor al imperio de la Constitución– el panorama que ofrece el país a las nuevas generaciones resulta particularmente desalentador, y parece inevitable recordar la boutade según la cual la democracia sería ideal si se votara todos los días y se comiera cada cinco años.
De los graves problemas socio-económicos heredados del nefasto régimen cívico-militar, quizá el único que ha logrado combatirse con éxito –aunque con altos costos sociales– es la inflación. Los demás: el nivel de retribuciones, el desempleo, la inicua distribución de la riqueza, la pérdida de la calidad de la enseñanza, la marginalidad, entre otros graves problemas, se mantienen incambiados o se han agudizado.
Tres noticias pintan un panorama alarmante del deterioro a que ha llegado un país que se destacó hasta el último tercio del siglo por su alto nivel cultural y educativo, así como por la presencia de una clase media importante con un nivel de vida aceptable.
En primer lugar, asistimos otra vez –como ocurre periódicamente desde hace casi cuarenta años– a la lucha de los estudiantes en reclamo de un presupuesto digno para la enseñanza. Precisamente en tiempos en que la sociedad toda y particularmente la juventud se encuentra desmovilizada, no está mal que los liceales manifiesten su oposición al presupuesto mezquino propuesto por el equipo económico. Pero lo que resulta inadmisible es que las sucesivas administraciones gubernamentales se muestren tan insensibles respecto de las necesidades de la educación pública. Mientras el gobierno no atina sino a desregularlo todo buscando atraer inversores, la enseñanza técnico profesional suprime cursos, Secundaria cierra liceos nocturnos y toda la educación exhibe carencias de todo tipo que –lejos de resolverse– parecen agravarse con el paso del tiempo. Y, por supuesto, la respuesta del Ejecutivo ante los reclamos estudiantiles consiste en medidas represivas.
La segunda información también tiene que ver con la educación y refiere a la sentencia de muerte dictada por el equipo económico contra la investigación científica. Se informa que 200 investigadores de diferentes áreas llaman la atención sobre el desacierto que significa la eliminación del Fondo Nacional de Investigación. ¿A qué se refiere el gobierno cuando sostiene que el país debe apostar a la educación? ¿A las computadoras y al inglés? ¿A convertir a los uruguayos de las próximas generaciones en disciplinados engranajes no pensantes del aparato económico?
Y finalmente, resaltan los datos y cifras revelados por un informe del MTSS, INE y Unicef acerca del trabajo infantil. La dolorosa realidad nos muestra un panorama desgarrador: un 6,5 % de los niños y adolescentes encuestados (entre cinco y diecisiete años) desarrolla algún tipo de actividad laboral. Y como consecuencia inevitable de esta situación, la mitad de esa población infantil que trabaja está al margen del sistema educativo. Cerca de 17 mil menores trabajadores no completarán el ciclo educativo, lo cual significa que no tendrán oportunidad de formarse ni de adquirir conocimientos que les permitan escapar de un contexto de pobreza, miseria y marginación. No tendrán la posibilidad de ascenso vertical, algo de lo que se preciaba el Uruguay de hace 40 años; aquel país que se jactaba, con legítimo orgullo, de que todos podían acceder a la cultura y a la educación.
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