Una norma justa

Entre otras cosas, el año 2006 se destacó por la proficua labor desempeñada por el Parlamento. Una de las últimas leyes aprobadas por el Poder Legislativo fue la que establece la corresponsabilidad de las empresas que contratan servicios con las empresas que los prestan. Esto es, que una empresa que tercerice alguna actividad deberá responder en caso de que la empresa contratada no cumpla con las leyes sociales y laborales.

De lo que se trata es de corregir una cantidad de situaciones irregulares, pues es muy común que las empresas contratadas no paguen los laudos, no aporten a los organismos de previsión o hagan trabajar a sus empleados en condiciones inaceptables. De este modo, con la nueva ley, las empresas contratantes, en vez de lavarse las manos y mirar para otro lado, deberán verificar que la empresa contratada para determinada tarea esté al día con los organismos recaudadores y cumpla cabalmente con las leyes laborales. De esta forma, se pretende erradicar las prácticas abusivas, tan comunes en varias ramas de actividad, como por ejemplo en la industria forestal.

Desde luego que la norma aprobada ha levantado una andanada de críticas. Se sostiene, entre otras cosas, que la tarea de contralor debe ser ejercida por los organismos estatales correspondientes (Mtss, BPS, DGI, etcétera) y no debe delegarse en particulares. Sin embargo, parece de toda lógica que las empresas formales, que están al día con sus obligaciones y que cumplen las leyes laborales, ayuden al Estado en esa tarea de contralor, simplemente con el recurso de exigir a la empresa contratada que ella también cumpla con los requisitos legales. Por otro lado, es una forma de fomentar la formalidad y combatir el informalismo. La Dirección Nacional de Aduanas vigila y controla todo el comercio exterior y dispone de inspectores para evitar el contrabando; esa es su tarea. Sin embargo, se exhorta a la población a no comprar artículos de contrabando y se penaliza a las empresas que eventualmente adquieran materia prima o mercadería ingresada ilegalmente al país. Pues bien, del mismo modo, además de los controles que puedan ejercer los organismos correspondientes (que tal vez no cuentan con suficiente personal e infraestructura para controlar a todas las empresas del país) para evitar el trabajo en negro o verificar el cabal cumplimiento de las leyes laborales, los empresarios serios y responsables pueden colaborar en la tarea.

Pero las críticas más ácidas apuntan a que la norma «desalentará la contratación de personal tercerizado o, si se lo sigue utilizando, aumentará los costos de las empresas con el consiguiente impacto adverso en la inversión y la actividad», como sostiene El Observador en su editorial de ayer. Tal aseveración no es otra cosa que el viejo argumento neoliberal que recurre siempre al fantasma del desaliento de la inversión y del crecimiento económico. No bien se intenta regular en parte la actividad económica, ante el menor atisbo de llamar a responsabilidad al empresariado, frente a cualquier tímido intento de establecer justicia social, reaparece la sombra conocida de que con esas medidas se ahuyenta a los inversores y se desestimula a la pujante empresa privada.

Cierto es, y de necios sería ignorarlo, que la norma deberá ser cuidadosamente reglamentada a los efectos de evitar precisamente que las empresas contratantes resuelvan evitar las tercerizaciones pues ello significaría la muerte de innumerables pequeñas empresas, microempresas y empresas familiares cuya razón de ser es, justamente, la tercerización.

Hay que evitar que la norma tenga el efecto contrario al buscado por el gobierno. *