Lo pobre, lo malo y lo lindo

León Lev

El presupuesto a estudio del Parlamento es un ejemplo de lo pobre en ideas y lo malo de la actual política económica. Simultáneamente lo lindo es la capacidad de movilización social y lo esperanzador es que ANEP se proponga hacer obligatorios los doce años de enseñanza preuniversitaria y la universidad diseñe un Plan Estratégico de Desarrollo para adecuar la docencia y la investigación científica a los ritmos del mundo moderno.

Todo tiempo de crisis tiene una doble visión. Lo malo y lo trágico por un lado. Lo posible y lo esperanzador por otro.

Para mostrar las características del proyecto del Poder Ejecutivo quiero analizar tres aspectos:

1) Política de ingresos y remuneraciones

2) Política de inversiones

3) Política de Ciencia y Tecnología

Si un rasgo característico de la Rendición de Cuentas de 1999 fue la aparición de más de 1.900 contratos de arrendamiento de obra, hechos sin conocimiento del Parlamento y como forma de vulnerar la Ley de Ingresos a la Administración Pública, el tema de los becarios es una de las vedettes del Presupuesto en discusión.

Durante diez años, sucesivos gobiernos blancos y colorados se ufanaron de la disposición legal que impedía el ingreso a la administración pública de nuevos funcionarios. Inclusive se manejaban cifras de reducción de personal. Pero hete aquí que en el presupuesto proyectado se plantea regularizar la situación de becarios y pasantes.

¡Oh sorpresa! aparecen los damnificados por dicha propuesta y se destapa una caja de Pandora, de que en la administración pública existen entre becarios, pasantes y otras yerbas 8.946 contratados.

Entonces todo el discurso moralizador de una década se viene al suelo, se demuestra que hay miles de funcionarios que trabajan sin la cobertura de la seguridad social y en condiciones de total precariedad.

Para la izquierda se le plantea la contradicción de no dejar en la calle a miles de trabajadores, en especial jóvenes, y paralelamente terminar con la discrecionalidad y clientelismo de los gobiernos de turno.

En otro orden, hoy no existe una Tabla de Sueldo en la Administración Pública. Se vulnera abiertamente el principio «A igual función igual remuneración», por tanto está en el debe la necesidad de racionalizar la escala de retribuciones y la equidad salarial y la necesidad de mejorar los salarios sumergidos.

En particular cerrar la brecha desfavorable a los sectores de la enseñanza.

Política de Inversiones

Un hecho a resaltar es el impacto creciente de la política de inversiones en seguridad y defensa y el estancamiento y retroceso en enseñanza y políticas sociales.

Llama la atención que mientras en los años 2001 – 2003 (tomando el año 2000 base 100) el Ministerio de Defensa crece en los siguientes guarismos: 32,5%, 31,16%, 51,40%, Ministerio del Interior en 90,16%, 137,29%, 186,34%, respectivamente.

ANEP crece 0,5%, 3,15%, 7,38% y la Universidad si bien cece en 2001, queda estancada en los años 2002 y 2003.

Si Uruguay quiere dar una señal fuerte de adaptación a la nueva economía y a los factores del desarrollo moderno, debe acercarse a la inversión de un 4,5% de su PBI en educación e investigación. Por tanto no puede haber un estancamiento de su política de inversiones en esta área. Se debería facultar al Poder Ejecutivo a incrementar gradualmene a medida que aumente la producción nacional y mejore la recaudación fiscal, pero con un monto cuantificado y no discrecional.

También cabe destacar la baja en inversiones del Ministerio de Transporte y obras Públicas y del Ministerio de Viviendas.

Política en ciencia y tecnología

Uruguay puede pelear un destino mejor si hace una fuerte apuesta a la ampliación sistemática de sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

En este momento más del 80% de la investigación nacional se realiza en la Universidad de la República.

Desde el Poder Ejecutivo, a la luz del presupuesto proyectado, se tiene una política contradictoria en cuanto a impulsar una política pública con participación de los variados actores colectivos.

Si bien es plausible la concesión del Laboratorio Tecnológico de Pando a la Universidad de la República, para desarrollar un Polo Tecnológico vinculado a la producción, al avance de la experimentación y al crecimiento de la productividad, no se entiende que en el artículo 211 del Presupuesto Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura se quiera apropiar de la administración del préstamo del BID, que con las contrapartidas nacionales de empresarios y Estado llega a 60 millones de dólares.

Aquí se nota una clara involución. Mientras el actual Conicyt, significa la coordinación de Estado, Universidades y Empresarios en la administración, coordinación e impulso de la ciencia, tecnología e innovación, por la propuesta del nuevo ministro de Educación, la administración quedaría en la esfera de una nueva Unidad Ejecutora: «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación», dependiente del Ministerio de Educación.

Esta disposición refleja un real contrasentido, ya que la principal creadora de Investigación Científica y Tecnológica, quedaría meramente como asesora y los empresarios, que aportarían al Fondo, también al margen de las decisiones.

En lugar de descentralizar se centralizaría en un burócrata del MEC.

En política de Ciencia, Tecnología e Innovación deben participar todos los actores. Se trata de una política de Estado y no de un período gubernamental y menos de un solo ministerio.

Aquí se focaliza un área de concertación que puede poner a prueba la capacidad de unir esfuerzos por encima de partidos e intereses sectoriales.

 

* Alianza Progresista