Violencia delictiva

Una vez más, la sociedad uruguaya se ha visto conmovida por un nuevo hecho delictivo contra un obrero del transporte. En la madrugada del lunes fue hallado el cuerpo de un taxista asesinado. Al igual que ante hechos de similares características (choferes, taxistas, guardas, ultimados por rapiñeros), el gremio que nuclea a los obreros transportistas decretó un paro nacional de 24 horas en señal de duelo por el compañero asesinado y en reclamo de mayor seguridad para los trabajadores del ramo.

Como en otras oportunidades, la medida de protesta afecta fundamentalmente a los usuarios. Y aunque es preciso reconocer que esta vez el paro fue avisado con antelación de modo de no tomar por sorpresa a la población, entendemos que es de dudosa pertinencia.

El derecho de huelga está consagrado en la Constitución de la República. A él apelan los asalariados sindicalizados ante situaciones conflictivas con la patronal, cuando las vías normales de negociación se han agotado, como un recurso legítimo de presión frente a la intransigencia del empleador.

La afirmación que antecede es evidente. Y también resulta obvio señalar que desde hace unos años asistimos a un incremento de la violencia delictiva, tanto en el número de delitos contra la propiedad como en las características especialmente violentas que exhiben. Ese aumento de los delitos contra la propiedad con un alto componente de violencia tiene particular relieve en los asaltos contra taxis y unidades del transporte colectivo de pasajeros, y los gremios vienen reclamando cada vez con más insistencia medidas dispuestas por las autoridades para dotar de mayor seguridad a los obreros del volante.

En cierto modo, las autoridades han sido sensibles a los reclamos y han adoptado algunas medidas para paliar o evitar los asaltos; la tan polémica mampara ubicada en los taxis fue una de ellas aunque ha levantado más críticas que elogios y en definitiva se ha mostrado inoperante para prevenir las rapiñas.

Ahora bien, ¿qué otra medida puede esperarse razonablemente que adopten las autoridades para combatir los asaltos a taxis y ómnibus? ¿Puede sensatamente pensarse en la posibilidad de que cada unidad de transporte vaya vigilada por un agente policial? ¿Es posible proponer que las líneas de autobuses no entren en las famosas «zonas rojas» y dejen sin el servicio a toda una masa de trabajadores honestos que allí viven?

Como se advierte, el problema es complejo. Lamentablemente, estos hechos se inscriben en una realidad dolorosa de descalabro social, de aumento de la miseria y la exclusión, de incremento de la pobreza y la marginación, de infantilización de la pobreza, de desestructuración de la familia, de deserción escolar, de abandono.

La solución al problema será dificultosa y ardua. Deberá tener en cuenta la mejora en lo posible de la vigilancia y de la prevención, pero deberá apuntar a mejorar las condiciones materiales de esa población marginada y, paralelamente, encarar una reeducación trabajosa y costosa para reincluir a los excluidos, víctimas de un modelo económico inhumano. *