Un torturador en la Suprema Corte

La decisión, adoptada por mayoría de la Comisión de Defensa del Senado, aprobando el otorgamiento de la venia solicitada por el Poder Ejecutivo constituye un nuevo episodio, particularmente grave, que mide la actitud real del gobierno con relación a la vigencia de los derechos humanos y a la llamada búsqueda de la reconciliación nacional.

La venia solicitada al Senado por Brezzo y Batlle, a nombre del Poder Ejecutivo para designar como integrante de la Suprema corte de Justicia al Coronel Ángel Neira es una señal extremadamente grave.

Los casi dos meses transcurridos desde que ingresó el expediente a Comisión crearon la ilusión de que el gobierno, ante las potentes denuncias formuladas, retiraría la propuesta.

Vale la pena recordar que los principales testigos de las atrocidades cometidas por Neira son ciudadanos sin militancia sindical ni política.

Es más, algunos de ellos son colorados de la «15» y en el caso del Sr. Alfonso Sanjuán es, además de colorado y quincista, amigo personal del Presidente de la República.

Batlle conoce bien los antecedentes, se los entregó el propio Sanjuán.

Pudo leerlos sin ningún tipo de aprensión acerca de cualquier posible incorporación de elementos de juicios de tipo político-partidario: las palizas, los plantones, el tacho y la picana les fueron aplicadas, no como era rutina hacerlo a los anarquistas, comunistas y tupamaros. En ese caso fue a amigos de Batlle.

El grupo de funcionarios portuarios detenidos por Neira y torturados en el Cuartel del Kilómetro 14, bajo las órdenes del entonces coronel Julio César Rapella, fue apresado a principios de abril de 1975.

Pocos días después había muerto, por torturas, el primero, el Sr. Omar Rodríguez, gerente de una dependencia del Puerto.

Ayer el oficialista de todos los oficialismos, el matutino El País, le daba algo así como tres centímetros en un rincón a la noticia del otorgamiento de la venia en Comisión, y agregaba: el coronel Neira «es acusado de presuntas lesiones a los derechos humanos durante la dictadura».

No se trata de «presuntas violaciones», sino de torturas denunciadas y verificadas durante la propia dictadura por dos sedes judiciales, una militar y otra civil.

El juez militar que en 1975 tomó contacto por primera vez con los detenidos, Capitán de Navío Guillermo Azarola, recibió las denuncias de torturas, de las que ahora se habla como «supuestas».

Las consecuencias sobre el grupo humano encarcelado y torturado fueron devastadoras: otros siete murieron como consecuencia directa o indirecta de los tormentos sufridos.

El intento de limpiar y dignificar, convirtiéndolo nada menos que en integrante de la Suprema Corte, al torturador Neira no es un hecho aislado.

Viene en un paquete que también viene atado por Brezzo y por Batlle: el incumplimiento de la sentencia de la Dra. Estela Jubette en el recurso de amparo presentado por Tota Quinteros y la negativa a brindar informes al fiscal argentino Miguel Osorio que investiga en Argentina el accionar de Gavazzo, Silveira, Cordero, Rodríguez Buratti, oficiales todos ellos que aparecen reiteradamente mencionados en los testimonios de decenas de ex presos.

No puede haber decisiones más ilustrativas ni símbolos más elocuentes: la política de derechos humanos del gobierno de Batlle es la misma que la de los dos gobiernos de Sanguinetti.

Y funciona dentro de coordenadas más próximas a la doctrina de la seguridad nacional implantada durante la dictadura que dentro de los parámetros de la institucionalidad democrática.

Los pronósticos más sombríos se han cumplido.

Y la transición uruguaya, iniciada en agosto de 1984 en medio de grandes promesas, todavía no ha concluido.