Hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud

Es nuestro propósito continuar con el análisis del proyecto de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud que abordamos en nuestra edición de ayer.

Terminábamos esa nota editorial exponiendo el objetivo fundamental de esta reforma de la Salud: asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud, orientados por principios de equidad, continuidad, oportunidad, calidad.

Trataremos hoy de analizar algunas de las medidas contenidas en el proyecto de ley que apuntan a cumplir ese objetivo.

El proyecto se propone implementar cambios en tres niveles: en primer lugar, en el modelo de atención a la salud, sustituyento el actual por uno que privilegie la prevención y la promoción, en base a una estrategia de Atención Primaria en Salud con énfasis en el primer nivel de atención. En segundo lugar, en el modelo de gestión, para lo cual propiciará la coordinación y complementación de servicios públicos y privados en todos los niveles, y velará por la profesionalidad, la transparencia y la honestidad en la conducción de las instituciones y la participación activa de trabajadores y usuarios. Y finalmente, en el sistema de gasto y financiamiento del sector, de modo que asegure mayor equidad, solidaridad y sustentabilidad a través de un fondo único administrado centralmente.

El cambio en el modelo de atención viene a combatir un vicio muy acendrado en la sociedad y a concretar una vieja aspiración: significa modificar sustancialmente el modelo de medicina curativa y sustituirlo por uno que ponga el énfasis en la medicina preventiva. Supone el fomento de hábitos saludables de vida, protección frente a riesgos específicos, capacidad de diagnosticar en forma precoz las enfermedades, de administrar tratamiento eficaz y oportuno, incluyendo rehabilitación y cuidados paliativos.

El cambio en el modelo de gestión prevé un sistema concebido como una articulación de servicios de salud públicos y privados, integrados en forma de red, con un órgano central de gobierno –la Junta Nacional de Salud–, niveles de atención definidos e interrelacionados y niveles de administración regionales y locales.

En lo que respecta al cambio en el sistema de gasto y financiamiento en salud –en procura de mayor justicia distributiva–se realizará mediante la creación de un Seguro Nacional de Salud que contará con un fondo al que contribuirán tanto el Estado como las empresas privadas en forma proporcional al personal a su cargo, los trabajadores, los pasivos y quienes perciban rentas, de acuerdo con sus ingresos, además de las partidas presupuestales y extrapresupuestales que se le asignen.

Con esta última disposición, la relación de los usuarios con los prestadores de servicios de salud se independizará del factor económico, al tiempo que se promoverán espacios de información y participación que contribuirán a racionalizar los servicios y la gestión.

Como se expresa en la exposición de motivos del proyecto, «el resultado esperado de esta reforma es que todas las personas que residan en el país accedan a la misma calidad de atención cualquiera sea el prestador y en todos los niveles, sin duplicación de servicios y sin las enormes erogaciones que serían necesarias para poner en pie a los subsectores público y privado, hoy en situación muy diferente en cuanto a recursos, aprovechando la capacidad instalada de ambos y potenciando sus fortalezas».

Esperamos que este proyecto sea ampliamente debatido en las respectivas comisiones de ambas cámaras legislativas y que ese debate se extienda al resto de la sociedad.