Integración de los organismos de contralor

Al concluir otro año, fácil es advertir que aún restan innumerables asuntos pendientes de solución; asuntos que atañen directamente al funcionamiento del país y no precisamente a puntos del programa de gobierno del Frente Amplio.

La nominación del fiscal de Corte es uno de ellos. Como se recordará, la candidatura de la doctora Mirtha Guianze pareció concitar la adhesión si no de la oposición en su conjunto, sí de unos cuantos sectores y dirigentes de los partidos tradicionales; los suficientes como para lograr la mayoría especial de tres quintos requerida para el otorgamiento de la venia correspondiente.

No obstante, luego de numerosas reuniones de la Comisión senatorial y de la comparecencia de la doctora Guianze a dicha comisión para responder a inquietudes de legisladores opositores, blancos y colorados decidieron sorpresivamente retirar su apoyo y no votar la venia solicitada. Como se recordará, ello motivó que el Poder Ejecutivo designara a la misma funcionaria propuesta, con carácter provisorio, en tanto se buscaba una solución definitiva. La oposición reaccionó airadamente promoviendo la interpelación al ministro Brovetto, con lo que la tensión llegó a su punto culminante.

Sin embargo, a partir de entonces se produjo una distensión y un llamado al diálogo para desembocar en una nueva negociación que abarcara, además del nombramiento del fiscal de Corte, la integración de los organismos de contralor.

Este último no es un tema menor. Los actuales miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral están en funciones desde 1995, cuando asumió su segundo mandato el doctor Julio María Sanguinetti como consecuencia del resultado electoral de noviembre del año anterior, que mostró un electorado prácticamente dividido en tercios. Uno y otro organismos reflejan, pues, esa realidad política, una realidad que ya en las elecciones de 1999 mostró cambios importantes (la izquierda había logrado la mayoría relativa y se consagró como primera fuerza) pero que en las de 2004 varió sustancialmente al obtener la izquierda la mayoría absoluta de sufragios.

Si bien es cierto que la Constitución de la República no establece cuotas o cupos para integrar los organismos de contralor de acuerdo al caudal electoral de cada partido con representación parlamentaria, la norma consuetudinaria (basada en razones de lógica y de justicia) establece que la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas refleje el mapa político, esto es, que el partido mayoritario tenga mayoría de miembros en dichos organismos.

Pero en la lucha política, cuando entran a jugar mezquindades y pequeñeces, cuando los partidos de la oposición en minoría se regocijan haciendo valer su poquito de poder, puede ocurrir que blancos y colorados torpedeen la labor del gobierno y nieguen los votos extras que se requieren para otorgar venias. Es lo que ha sucedido con el nombramiento del fiscal de Corte y amenaza suceder con la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

La oposición política ha hecho de estos asuntos una cuestión de principios, y sus voceros mediáticos, con El País a la cabeza, lanzan diatribas contra el partido de gobierno e intentan argumentos contrarios a que los organismos de contralor tengan una integración acorde con el nuevo mapa electoral.

Entendemos que se ha errado el rumbo. A nada conduce esa actitud tozuda y pueril. No es ése el camino hacia la recomposición del diálogo para lograr acuerdos nacionales que permitan destrabar ciertas situaciones. *