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El joven y novel ministro anunció que tiene resuelta la parte que le corresponde del problema que aún tienen los ex presos y destituidos por la dictadura cívico militar, respecto de sus derechos jubilatorios. El proyecto de ley está a punto para ser en viado al Parlamento para su discusión, y dícese que es de más amplio espectro –en cuanto a la contemplación de intereses– que aquel que, en su oportunidad, comenzara la ministra Piñeyrúa.

La iniciativa corresponde a una nueva era, insinuada en materia de reivindicaciones en el nuevo período de gobierno. Que en los tres que le precedieron, a los gobernantes de turno no se les movió un pelo para poner las cosas en su lugar, reivindicando derechos perdidos.

Ahora es de esperar que no demore demasiado la gestión parlamentaria que debe tener el proyecto. Razones de índole material hacen de su resolución un caso de urgencia que supla el tiempo perdido y –razones de índole social más extensa– la justicia reparada también lo urge.

Que al aprobarse la ley un pequeño sello de dignidad podrá estamparse.

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