Cooperativas: ¿apoyo o liquidación?

Enrique Rubio

El movimiento cooperativo tiene en el Uruguay un desarrollo formidable; casi una cuarta parte de la población de nuestro país se encuentra vinculada de una u otra forma a una experiencia cooperativa; a fines de 1999 funcionaban en Uruguay más de 1.300 cooperativas agrupadas en 23 federaciones o centrales.

Numerosas cooperativas de distinto tipo dan una respuesta solidaria a los más diversos temas, generando un compromiso permanente con las comunidades locales en las que se insertan. Podemos afirmar que las cooperativas han mejorado la calidad de vida y expresado el compromiso de muchos uruguayos con el desarrollo y la promoción económica, social y humana apostando al trabajo colectivo, a la autogestión y la ayuda mutua.

Pero este singular entramado social, canalizador del esfuerzo de tantos compatriotas, enfrenta algunos problemas que se deben atender. Desde el movimiento cooperativo se nos está reclamando la aprobación de una ley marco que modernice la legislación vigente y avance sobre la promoción y el control necesario en la materia, ya que han proliferado empresas que bajo el rótulo de cooperativas nada tienen del espíritu de éstas; también una modificación de la legislación vigente respecto a las cooperativas de producción (trabajo) que amplíe su horizonte de actividades, al igual que el tratamiento legislativo a breve plazo de iniciativas sectoriales que tienen carácter de muy importantes para un mejor desenvolvimiento de la actividad en áreas específicas.

Asimismo, la Confederación Uruguaya de Cooperativas (Cudecoop) solicitó la creación de una comisión sectorial en la órbita de la OPP, integrada tanto por Cudecoop como por el Poder Ejecutivo. Esta comisión asesoraría sobre la generación de políticas de Estado y coordinaría la acción de todas las reparticiones públicas con responsabilidad en el tema. Este reclamo tendría, de acuerdo con lo que se ha informado por distintos actores políticos, una respuesta favorable. Confiamos en que así sea y pensamos que sería un ámbito idóneo para dinamizar el análisis del marco normativo del sector.

Sin embargo, estos indicios positivos respecto a la actitud del Poder Ejecutivo hacia el cooperativismo contrastan fuertemente con el contenido de algunos artículos del proyecto de ley presupuestal. Este proyecto establece en su artículo 334 la exclusión del IRIC (Impuesto a la Renta de Industria y Comercio) de las exoneraciones tributarias que gozan las cooperativas de ahorro y crédito. En consecuencia, el artículo siguiente incorpora al texto del artículo que regula el IRIC (Art. 6º. del Título 4 del Texto Ordenado 1996) un nuevo literal, el F) referido a las cooperativas de ahorro y crédito.

Por último, el artículo 336 elimina la exoneración de IVA que gozan los socios de las cooperativas de ahorro y crédito en materia de intereses sobre préstamos inferiores a 250 unidades reajustables. Como vemos, por un lado se les aumentan los tributos y por otro se encarecen sus créditos.

En los últimos cuarenta años, las cooperativas de intermediación financiera han tenido un papel creciente en el financiamiento a las economías familiares y empresariales pequeñas y medianas. Su principal tarea ha sido atender en sus necesidades financieras a agentes económicos desatendidos por la banca comercial en función de los reducidos montos manejados.

Desde el comienzo de su actividad el importante papel social de estas cooperativas fue visualizado por el legislador, razón por la cual se les otorgó un tratamiento impositivo diferente en sus operaciones crediticias con sus socios.

Por otra parte, las cooperativas de ahorro y crédito han liderado el proceso de prestación de servicios financieros en muchas localidades del interior del país, donde la rentabilidad no es estímulo para la gestión de la banca comercial.

En función de claras diferencias en cuanto a objetivos y prácticas respecto a la banca comercial, la intermediación financiera cooperativa ha recibido un tratamiento particular por parte del legislador, fundamentalmente en materia fiscal.

El tratamiento diferencial recibido tiene base en los distintos objetivos y prácticas de las cooperativas de ahorro y crédito respecto a la banca, así como también en el hecho irrefutable de que las mismas no efectúan actos de comercio con finalidad lucrativa, sino que se trata de actos cooperativos entre la cooperativa y sus socios. No existe lucro en este tipo de actos ya que se trata un servicio social de carácter no lucrativo, razón por la cual no existe sustancia a gravar por el IRIC.

Y si existen pseudocooperativas, empresas de lucro encubiertas bajo forma cooperativa, es responsabilidad del Banco Central del Uruguay, que ejerce la superintendencia de la actividad financiera su detección y sanción; este constituye uno de los reclamos del propio movimiento cooperativo que se mencionaban anteriormente.

Con respecto a la carga del IVA sobre los intereses de los créditos inferiores a 250 UR concedidos por las cooperativas a sus socios, se trata de una medida que encarecerá el crédito a los sectores más humildes, generalmente no atendidos por la banca privada. Con la excusa del tratamiento igualitario, se busca igualar lo distinto. Y se hace en forma parcial, ya que se mantienen excluidos del pago de IVA los créditos otorgados por el BROU y las asociaciones civiles (exoneraciones que están bien). El asunto parece ser complicarle la gestión a las cooperativas de ahorro y crédito.

Según estimaciones realizadas, el conjunto de medidas incluido en el proyecto presupuestal le permitirá recaudar al Estado unos 14 millones de dólares anuales.

De prosperar el proyecto del Poder Ejecutivo, la actividad cooperativa en el sistema financiero corre serio riesgo de no poder mantenerse. Vale preguntarse entonces si el objetivo de lo propuesto es precisamente éste, la exclusión del movimiento cooperativo del sistema financiero.

En la misma dirección parece estar orientada la gestión de la AFAP estatal (AFAP República) que, a pesar de su predominio en el mercado, se encuentra inmersa en una costosa guerra de traspasos de afiliados. Esta guerra limita las posibilidades de las otras AFAPs, privadas y más pequeñas, en particular de Integración AFAP, la que por pertenecer a entidades del movimiento cooperativo cuenta con un menor respaldo que el resto, pertenecientes a la banca internacional.

Parecería que en el sistema financiero no se quieren actores donde la maximización del lucro no sea el objetivo de la gestión y entonces lo que se busca es eliminar todo vestigio de actividad con fin social y solidario. De esa forma la banca privada, mayoritariamente transnacional y permanente ganadora en el modelo económico vigente, quedará como la única alternativa a la gestión estatal en el mercado financiero.

Por el contrario, desde nuestro punto de vista consideramos valioso el mantenimiento y desarrollo de un sector complementario o alternativo al Estado y a las instituciones con fines de lucro que operan en el mercado. En la moderna economía, los conceptos de cooperación, de inclusión social y de preservación del patrimonio común adquieren cada día mayor importancia. El Uruguay tiene una rica historia en esta cuestión, fundamentalmente en el cooperativismo.

El gobierno debería reflexionar y definir una estrategia única respecto al movimiento cooperativo; no nos resulta coherente admitir y promover su gestión en variados campos a la vez que, en un ámbito de relevancia como el financiero, dificultarle la gestión a través de una política impositiva insensible y ciega a las particularidades de los distintos actores.

 

* Senador de la Repúblic
a por el EP-FA.