Imágenes y caretas

Cuando nuestra sociedad sufre el impacto de un delito inhumano de enorme gravedad, resurgen de inmediato voces exigiendo de la Justicia penal la aplicación de las más drásticas y severas penas con ausencia de toda otra consideración.

Si se quiere es una reacción primitiva, escasamente civilizada y que poco o nada tiene que ver con la aplicación correcta del Derecho Penal.

La opinión pública –que no es lo mismo que la opinión publicada– también se conmociona por la presentación del hecho y del autor por algunos medios de prensa y determinados comunicadores que enfatizan sus aspectos más groseros y repudiables.

El enorme poder de una imagen, aun en un deliberado y fugaz pantallazo, es robustecido mediante un brevísimo comentario o con una gestualidad que acentúa el interés malsano por lo trágico y cruento –sépase que eso es el morbo– y ávidamente recibido por una multitudinaria y predispuesta audiencia.

Horas después, los periodísticos radiales reciben numerosas llamadas de iracundos ciudadanos que proponen destruir –eso no es castigo– al delincuente mediante terribles torturas e incluso con la pena capital.

A ese destemplado coro de falsos purificadores que ignoran el Derecho Penal y la Criminalística, se le unen los siempre aprovechados oportunistas políticos que, posándola de redentores sociales, acusan a la magistratura nacional de benevolente, blanda y débil ante tamaños delincuentes.

Esos pregoneros de los quintos infiernos para los desheredados y marginados sociales son los que ensayan juicios encomiásticos y tratos agradables a la hora de juzgar a los hombres públicos que, desde mucho antes de la dictadura, figuran en primera fila sobrellevando con gran soltura gravísimas acusaciones, desde la cotidiana corrupción hasta la violación de los Derechos Humanos.

Y aquí algunos medios de difusión se ahorran gestos ante cámaras y comentarios insidiosos para dar paso a una almibarada versión que evapora la gravísima responsabilidad penal del ex ministro que intentó una millonaria coima y pulveriza la de quienes hacen fila esperando sus ilegítimas porciones. Esta versión moderna de la antigua ley del embudo permite organizar una comida de homenaje y solidaridad a otro ex ministro sobre quien pende una orden de procesamiento y prisión que, a su vez, ha sido impugnada por un risible recurso basado en una delirante interpretación de la Constitución.

Una vez extinguido el fogonazo brutal de estos delitos, el colectivo social, urgido por la desocupación, el hambre y la miseria, olvida lo ocurrido mientras la víctima y su familia, y el victimario y su entorno, deberán soportar por el resto de sus vidas sus respectivos calvarios.

Mientras tanto, los gobernantes continúan creando nuevos delitos, acentuando penas y castigos y eliminando beneficios para procesados y condenados con lo cual logran tener mayor número de reclusos, cada vez más jóvenes y por más tiempo en peores condiciones de convivencia intramural.

Esa es la única respuesta política y simplista para un gravísimo problema social cuyos factores criminógenos conocemos al dedillo desde hace décadas, pero somos incapaces de salir de la etapa verbalista del diagnóstico porque la verdadera solución de fondo exige todo lo que la clase gobernante no quiere ceder: trabajo, educación y justicia.

¿Cómo se pretende disminuir los índices de delincuencia y reincidencia si se niegan recursos para la reactivación económica, la enseñanza y el Poder Judicial?

Recordemos que, tanto la Universidad de la República, ANEP y la Justicia, reclaman mendicantes presupuestos dignos que deben ser defendidos por los funcionarios y la población en general mediante referendos que fueron sistemáticamente desacreditados y desmontados por la indiferencia de la prensa y el despropósito de algunos actores políticos.

A la enseñanza en vísperas electorales se le prometió un porcentaje del 4,5 % del Presupuesto quinquenal, y al Poder Judicial, parte de las economías de su par, el Poder Legislativo que –asómbrese– en el ejercicio pasado superaron los siete millones de dólares; llegó la hora de cumplir con aquel cacareado ofrecimiento político o de comprobar que no era otra cosa que una bolsa de humo.

Mientras en nuestro país se siga pensando en las cárceles del futuro en lugar de un futuro con menos cárceles, nos irá cada vez peor, porque en lugar de eliminar las causas de la delincuencia se ponen cataplasmas en sus consecuencias.

Ni el sistema neoliberal ni la sociedad consumista ni los líderes políticos gobernantes pueden lograr la felicidad ni la seguridad de nuestra expoliada ciudadanía.

* Ex Magistrado Judicial