Uruguayos emigrantes: excluidos también políticamente

Un país como Uruguay, aplicado afanosamente a transitar el camino señalado por el modelo económico responsable del mundo globalizado de fin de siglo –que exhibe las peores injusticias– está alcanzando índices de desocupación alarmantes.

El sistema, incapaz de hallar respuestas viables al problema, parece haber resuelto abrir una válvula de escape que evite la posibilidad del estallido social. Como el gobierno no está dispuesto a modificar el rumbo y teme que la desesperación de la gente se transforme en movilizaciones indeseadas y difíciles de controlar, prefiere –en vez de ocuparse de generar empleo– facilitar la huida casi masiva de orientales hacia otras latitudes de horizontes menos mezquinos.

En lugar de fomentar la creación de puestos de trabajo, el gobierno abre generosamente las fronteras del país para que sus ciudadanos ocupen los que otros países ofrecen, y fomenta la sangría de la que después se lamenta con lágrimas de cocodrilo.

De ese modo, la población está estancada y envejecida. El mercado interno no muestra síntomas no ya de crecimiento, sino siquiera de recuperación. En la medida que el salario real se deteriora y el equipo económico no está dispuesto a corregir esa perversión, el consumo sigue siendo un privilegio de ese décimo de uruguayos con poder adquisitivo.

«¿No consiguen trabajo? ¡Que se vayan!» parece ser la consigna, corolario de un razonamiento perfectamente frívolo. El Estado Benefactor se ha transformado en el Estado proveedor de pasaportes.

Las cifras siguen siendo escalofriantes y dan la pauta de la imprevisión y la insensatez de los gobernantes, más preocupados en hacer buena letra con los organismos internacionales que en hacer las cosas bien para los ciudadanos. No hace mucho se calculaba un total de 400 mil compatriotas emigrados en el último decenio. Es más del diez por ciento (casi el 13) de la población total que ha sido excluido por el sistema. El mismo sistema que genera marginados a los que niega el acceso a niveles mínimos de consumo, margina también a estos otros integrantes de la diáspora que no encuentran en su tierra las condiciones elementales para desarrollarse plenamente.

Pero entre las varias diferencias entre éstos y aquéllos es preciso mencionar que a los últimos, el régimen también les niega algo nada despreciable: la participación política. En efecto, los estimula a partir en un viaje sin retorno hacia la esperanza de una cierta seguridad material a la vez que los empuja hacia la certeza del desarraigo, y encima, no les permite que se manifiesten políticamente cada cinco años o en alguna consulta puntual mediante el voto. Porque la democracia de este país –como el que no hay otro, según la alegre consigna del tiempo de las vacas gordas– no prevé la expresión de los compatriotas en el extranjero. Además de echarlos, de expulsarlos, les niega el derecho a incidir en el destino del país. Que se vayan pero que además no pretendan decidir a la hora de elegir gobernantes. Doble castigo: el exilio completo.

Nada costaría instrumentar la instalación de mesas receptoras en consulados, legaciones o embajadas del Uruguay. Por lo menos, los gastos del servicio exterior tendrían algún sentido y cumplirían un papel trascendente, como es habilitar la posibilidad de que los conciudadanos obligados al exilio puedan elegir el modelo de país que anhelan y que, de lograrse, evitaría que otros siguieran su triste camino.