Una mentalidad fascista

ACABO DE REGRESAR de un acto estupendo en la sede del Congreso Obrero Textil de Freire y Agraciada en homenaje a los 40 años de fundación de la central obrera CNT y de recordación de Héctor Rodríguez en el décimo aniversario de su desaparición. Volveré después a este tema, pero ahora quiero recordar que en un 28 de noviembre, pero de 1973, el dictador Juan María Bordaberry emitía el decreto Nº 1026/73, por el cual se disolvían las 14 siguientes «asociaciones ilícitas de ideología marxista internacional: PCU, PS, UP, Movimiento 26 de Marzo, MRO, PCR, Agrupaciones Rojas, UJC, POR, FEUU, ROE, FER, GAU y GAD». El artículo 2º ordena la clausura de los locales de las asociaciones disueltas y la incautación de todos sus bienes. El artículo 3º dispuso la clausura de los diarios «El Popular» y «Crónica», y prohibió la edición de impresos de orientación similar. Toda la documentación al respecto está incluida en el libro de la Junta de Comandantes en Jefe editado en 1978 bajo el título «El proceso político. Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental», Tomo II, en el capítulo VI, Disolución y actividades clandestinas del PCU y otras asociaciones ilícitas.

Recuerdo perfectamente aquel día. Con esta precisión: aunque el decreto está fechado el 28 de noviembre, fue publicado recién el 1º de diciembre, sin duda para abrir campo a la labor represiva, que se encomienda a los ministerios del Interior y de Defensa. Así lo conocimos en Buenos Aires, donde yo estaba desde el 21 de setiembre, después de zafar de Chile bajo la dictadura pinochetista. En los días siguientes empezaron las reuniones con los uruguayos que habían cruzado el charco después del golpe.

Los fundamentos del decreto, que ocupan varias páginas redactadas en la más espesa jerga antimarxista, constituyen una pieza del más puro estilo fascista. Es la concepción mussoliniana trasladada a los golpistas uruguayos. Ella se extiende además a la fundamentación de los actos previos que consumaron el golpe de Estado: la disolución del Parlamento el 27 de junio, la ilegalización de la central obrera CNT durante la gloriosa huelga general de 15 días, y la intervención de la Universidad. Y también el decreto contra la libertad de prensa, firmado por Bordaberry y el coronel doctor Néstor J.Bolentini en la misma noche del golpe y que, plagiando lo resuelto en su tiempo por la dictadura de Terra (para un vademécum de los golpistas colorados), prohibía atribuir intenciones dictatoriales al Poder Ejecutivo.

Por esta sucesión de medidas coordinadas, en cinco meses la dictadura pretendía cercenar las instituciones más representativas de la democracia uruguaya: el Parlamento, la Universidad, la prensa libre, los partidos de izquierda. Era el intento de cerrar el paso, por actos crudamente represivos, incluidos asesinatos, desapariciones y torturas, a los trabajadores unidos en su Central y a toda la izquierda unida en el Frente Amplio. Por aquí vuelvo al acto en la sede de los textiles. Porque la oratoria y las imágenes allí exhibidas en valiosos documentales mostraban la íntima trabazón de la lucha por la unidad obrera y por la unidad de la izquierda en uno de sus lúcidos protagonistas, y la participación decidida en ese proceso de esa misma prensa que la dictadura clausuró en forma definitiva, después de un sinnúmero de cierres parciales de todos los órganos independientes bajo el pachecato. Dicho sea de paso, en los fundamentos del decreto se exaltan las medidas prontas de seguridad, bajo cuyo imperio transcurrió gran parte del gobierno de Pacheco, quien las volvía a imponer cada vez que la Asamblea General las levantaba en uso de sus legítimas atribuciones.

En suma, en todos estos actos se aplicó una concepción típicamente fascista. En el sentido propio del término. Del mismo modo, Bordaberry era partidario, y así lo propuso, de disolver todos los partidos políticos y de instaurar un Estado corporativo. Esto integra lo medular de la concepción del fascismo en estado químicamente puro. Al punto de que ni siquiera los militares golpistas lo pudieron aceptar, y optaron por echarlo en 1976. Pero le alcanzó para anudar vínculos con el verdugo Pinochet, amén de expresar desde siempre su admiración por Franco.

Por aquellos años y en los siguientes se debatió si correspondía la categorización de la dictadura uruguaya como fascista. Repito: no como un adjetivo descalificador, que solían repartir a troche y moche los muchachos en viejas épocas, sino en sentido original, adscripto a la célebre definición dimitroviana, como la dictadura terrorista de los elementos más retrógrados del capital financiero. Yo me afilio a la respuesta afirmativa, y recuerdo entre otras cosas el gabinete de oligarquía pura uva que acompañó a Pacheco en la antesala del golpe. De todos modos, podemos convenir sin esfuerzo que ella le sienta como anillo al dedo al inquilino desde el 17 de noviembre con el Nº 271.298.19 de la celda 10 del 4º piso de cárcel central, acusado de coautoría de cuatro asesinatos muy especialmente agravados, que se penan con 15 a 30 años de prisión. La fiscal Ana María Tellechea solicita además que se lo encarcele por atentado a la Constitución, homicidios (otros) muy especialmente agravados y privación ilegítima de la libertad de personas.

Se quiebran 30 años de impunidad, señal de que algo está cambiando en Uruguay. *