Conflicto con Argentina: confiemos en la razón

En el absurdo e inexplicable conflicto que enfrenta a Uruguay con Argentina, la actitud uruguaya, las posturas sustentadas por los gobernantes, las respuestas dadas a las pretensiones argentinas han estado inspiradas en el más absoluto respeto del derecho internacional y en consonancia con el sentido común.

El gobierno uruguayo ha reaccionado siempre con prudencia, con humildad, sin estridencias, pero con firmeza y dignidad. Sabiendo que el derecho nos asiste y que nos amparan las normas legales que rigen las relaciones internacionales. Los pasos dados por el gobierno van por el camino correcto.

La de nuestro gobierno ha sido una postura dialoguista, abierta a la búsqueda de acuerdos, apostando siempre al entendimiento entre gente civilizada, apelando a la lógica y a la razón. Es decir lo opuesto a la intransigencia exhibida por el gobierno de allende el río, a la prepotencia de alguno de sus voceros, y al patoterismo de los militantes ambientalistas.

Esa postura serena, firme pero razonable, fue la que nos permitió obtener pronunciamientos inapelables favorables a nuestra causa por parte de los tribunales internacionales ante los cuales se planteó el diferendo. La posición argentina no ha recibido el respaldo de organismo internacional ni de nación alguna; se ha aislado en su tozudez irracional y cada vez su causa se vuelve más insostenible.

Conscientes de que sus posibilidades de triunfar se tornan más y más difusas, los hermanos argentinos –contra toda razón– han redoblado la apuesta y han radicalizado sus medidas. Ante la inoperancia del gobierno y la tibieza de sus exhortaciones a la calma, los piqueteros –envalentonados por la permisividad de su gobierno provincial (y el nacional también) que llegó incluso a promover los cortes de rutas– hacen oídos sordos a los pedidos de Kirchner, profundizan sus medidas y últimamente han llegado a proferir amenazas violentas.

Ante esta nueva realidad, que responde a la omisión gubernamental frente a los exaltados ambientalistas, el gobierno uruguayo –enterado de la posibilidad de alguna suerte de atentado contra las obras de instalación de la empresa Botnia– ha resuelto disponer que el predio de dichas obras sea custodiado por personal militar y policial especializado.

Se trata de una medida lógica ante la escalada de agresividad y la hostilidad de esos grupos insuflados de nacionalismo ramplón y de patrioterismo patotero. El gobierno uruguayo no sólo está en su derecho de disponer medidas de prevención, sino que tiene la obligación de hacerlo ante la intransigencia piquetera y la inoperancia del gobierno argentino para impedir los cortes.

Desde luego que con el despliegue militar en el perímetro de las obras de Botnia no se impedirán las acciones ilegales de los fundamentalistas entrerrianos. No se trata de eso ni mucho menos, pero es del todo razonable tomar precauciones cuando desde la orilla de enfrente se emiten señales inequívocas que implican amenazas concretas. Si el gobierno de Kirchner no es capaz de neutralizar a los exaltados, el gobierno de Tabaré Vázquez tiene el deber de prevenir acciones violentas.

No es, como se ha dicho desde el vecino país, un gesto inamistoso sino una razonable medida de prevención. Precisamente, los gestos inamistosos e insultantes provienen de las autoridades argentinas y de un puñado de mentes desviadas incapaces de razonar y capaces de excesos deplorables.

Tengamos confianza en la gestión del mediador enviado por el Rey de España, pero sobre todo, tengamos confianza en la razón que nos asiste. *