Una asignatura pendiente

Que la solución «a la uruguaya» a los delitos de terrorismo de Estado no resolvió en realidad el problema, parece a esta altura fuera de discusión. El argumento de que «el tema ya fue laudado por la ciudadanía» ha ido resquebrajándose poco a poco en la medida en que todos (incluso quienes votaron a favor de la impunidad) advierten que fue una respuesta apresurada, producto de una dirigencia política timorata o cómplice que ni siquiera fue capaz de cumplir con disposiciones claras contenidas en la ley que ellos mismos impulsaron.

La Ley de Caducidad dio a los militares algo más que la impunidad respecto de las tropelías cometidas durante el régimen cívico-militar. Les dio una suerte de inyección de soberbia muy peligrosa, como si la impunidad no sólo abarcara el pasado; parecería que también los hubiera protegido de por vida, como si gozaran de inmunidades. Esa soberbia está abonada por la actitud complaciente del Ejecutivo, siempre dispuesto a contemplar a esos intocables.

En ese sentido, es notoria la manía –que han exhibido todas las administraciones– de premiar con ascensos a figuras unánimemente señaladas como implicadas en violaciones a los derechos humanos.

De todo esto ya se ha hablado bastante.

Hay algo, empero, sobre lo que no se ha puesto el suficiente énfasis, y que, aunque sin aparente relación con el tema de la impunidad, parece inevitable vincularlo con él pues forma parte de la política de Estado referida a la Defensa Nacional. En primer lugar, es preciso recordar que la Ley de Caducidad –producto de la presión ejercida por los criminales y de la pusilanimidad de los políticos tradicionales– se aprobó para evitar que los responsables de crímenes de lesa humanidad fueran sometidos a la Justicia ordinaria. Pero como contrapartida a ese regalo, a esa excepción inmerecida, no hubo sin embargo nada que mitigara en parte la genuflexión de la clase política. A cambio de ser eximidos de comparecer en un juzgado, los militares no observaron una actitud de sumisión ante el poder político, y éste fue incapaz de poner las cosas en su lugar.

No hace mucho, desde Toledo se denunció que las maniobras y ejercicios de tiro realizados por personal de una unidad militar cercana provocan daños materiales sin contar los sobresaltos, el temor, la intranquilidad, que padecen los sufridos vecinos. También se ha denunciado que es posible oír cánticos y consignas antidemocráticas reveladoras de que la mentalidad golpista mantiene plena vigencia en los mandos medios.

No obstante esta alarmante realidad, a nadie se le ocurrió, por ejemplo, promover un debate a fondo y a nivel nacional sobre qué tipo de fuerzas armadas necesita el país. Tampoco el poder político creyó del caso controlar –a través de los organismos correspondientes– cómo es la formación que se imparte a los jóvenes uruguayos que han elegido la carrera militar. La sociedad ignora los planes de estudio así como los valores que se imparten en los centros educativos dependientes de las jerarquías castrenses. A nadie se le ocurrió que el ya famoso exabrupto de El Sabalero podría merecer, además de actos de desagravio y de citaciones judiciales, que los dirigentes políticos se detuvieran a analizar por qué una parte de la sociedad suscribe la opinión del cantautor.

¿Alguien conoce, por ejemplo, cuál es el concepto de Patria que allí se imparte?

¿Sabemos si además del famoso pundonor se les inculcan valores humanistas?

¿Cómo se compatibilizan las nociones de obediencia y de estricto respeto por las jerarquías, con preceptos morales opuestos a ellas y con el desarrollo del espíritu crítico?

En fin, son temas de los que la dirigencia política no ha sabido –no ha querido o no ha osado– ocuparse y que constituyen otra asignatura pendiente que habrá que rendir cuanto antes.