Procesamiento, no linchamiento

No voy a abundar en lo que muchos ya han escrito sobre el procesamiento del ex dictador Bordaberry. Quiero solamente señalar que sigo aguardando con expectativa el fallo de la jueza en el expediente sobre «Atentado a la Constitución», delito que está plenamente configurado y que debe ser tipificado, según el testimonio que podemos ofrecer los más de tres millones de uruguayos. Más aun, pienso que la Justicia debió   en los nuevos parámetros en que se mueve   actuar con más celeridad en dicho expediente, pues la tipificación de aquel delito no será cuestionada por doctores en leyes, políticos y/ o escribidores, con argumentos más o menos válidos, como sucede con el actual procesamiento, pretendiendo que el mismo semeja un linchamiento. Por otra parte, que Bordaberry consumó el delito de «Atentado a la Constitución» no puede ser refutado por ninguna persona intelectualmente honesta, ni en el Uruguay ni el mundo, sin necesidad de exhibir más cargas probatorias que el decreto de disolución inconstitucional del Parlamento.

Quien esto escribe lamenta que nuestro Código Penal no contemple la reclusión perpetua, pena a la que debería ser condenado. No purgará   de vivir   con treinta años, por «Atentado a la Constitución», el dolor que su felonía atroz, desencadenante de los horrores padecidos, le causó al país. Lo digo con dolor   yo no festejo   por las víctimas mayores, muertos y desaparecidos, de este execrable individuo, el famoso «rabanito», que parieron   para su desdicha y la del país entero   los partidos políticos que lo llevaron, primero a senador y luego a presidente. Enconado y fanático, es seguro que no está arrepentido, sabe cómo hacerlo y lo volvería a hacer, parafraseando a su maestro Pacheco.

Por ello el Uruguay tiene la oportunidad de demostrar al mundo que la justicia llegó para quedarse, más allá de los cambios de gobierno que se puedan operar. Que al margen de algunos fanáticos, los ciudadanos de este país queremos la justicia soberana de un Estado de Derecho funcionando en su plenitud. La sentencia de pena de penitenciaría que le espera al ex dictador no puede   ni por asomo   ser empañada por el confusionismo, bien o mal intencionado, alentado por dudas que pueden tener anclajes en la realidad de los actos y hechos, realizados o acaecidos. Estará avalada por la comunidad internacional, que desde Nuremberg hasta acá, pasando luego por los tribunales penales «ad hoc», creados para juzgar los crímenes de lesa humanidad en algunos países, culminando con la creación de la Corte Penal Internacional, ha recorrido un largo camino buscando apoyos ecuménicos para aplicar el derecho e impartir justicia.

Nunca más dictaduras ni crímenes, pero también nunca más jueces débiles, sensibles a los toques del poder, como sucedió asimismo   en democracia   durante el pachecato, cuando a muchos se nos tipificó también «Atentado a la Constitución», con el aditamento «en el grado de conspiración» para «los perejiles», y completando la figura, «seguido de actos preparatorios» para quienes tenían una notoria militancia legal y/ o clandestina. Todo esto con algunos agravantes, como que, en mi caso particular, nunca le vi la cara al juez y a mi colega actuario. Obviamente, las pruebas brillaban por su ausencia. Los procesamientos salían como chorizos, con esas tipificaciones, de los Juzgados Letrados de Instrucción, competentes en aquella época. Incluso, el cojitranco Parlamento de entonces no había votado todavía el Estado de Guerra Interno, la suspensión de las garantías individuales y la Ley de Seguridad del Estado, engendros inhumanos y antijurídicos denunciados en los foros internacionales por Zelmar, factor determinante para decidir asesinarlo. Años después, en 1978   suspendido por la dictadura como Escribano   fui a hablar con los integrantes de entonces de la aherrojada Corte de Justicia. El que mejor me recibió fue el nombrado por la dictadura. Los otros, los que venían de la democracia, tenían más temor que yo. Incluso alguno, juez de carrera, me trató de delincuente. Lo antedicho viene a cuento para ejemplificar sobre la necesidad real de que la justicia actúe independientemente, cosa que no sólo depende de las gárgaras hechas por los gobernantes de turno, sino también   y fundamentalmente   del material humano que integra sus cuadros, de la cabeza a los pies. Lo expuesto es aplicable también a los cuadros de la administración pública. Es público y notorio que colaboradores civiles de la dictadura cívico   militar integran la actual administración. La infeliz admisión de «las culebras», en la euforia electoral, abrió las puertas a los advenedizos. Cierto es que, de una forma u otra ello ha, sucedido históricamente. Charles De Gaulle llegó a tener   sin saberlo oficialmente – un ministro que había sido colaboracionista en el gobierno pronazi de Petain. Pero duele cuando eso es, no sólo aceptado, sino también promovido, por figuras políticas populares.

Finalmente   y en el marco de garantías deseado   es loable la comparecencia de investigadores extranjeros de documentos, con antecedentes legítimos, ante el juez de la causa por «Atentado a la Constitución». No puede la justicia de este país darse el lujo de llegar a ser cuestionada por razones ideológicas, en virtud de haber basado todo o parte de su fallo en documentación y/ o testimonios aportados por declarados admiradores de Fidel Castro y Kim Il Sung… *