Una materia pendiente

En el cónclave realizado el viernes pasado en Suárez y Reyes y que comentamos en nuestro editorial de ayer, el Presidente llamó a «dar vuelta la página» y a no hablar más de «herencia maldita». Con esto, obviamente, pretendía instalar la idea de que a partir de ahora empezaba una etapa de realizaciones y que el gobierno asumiría sus responsabilidades.

Es una actitud de madurez que todos debemos celebrar. No obstante, hay una realidad social que nos habla del deterioro material y espiritual que ha sufrido la comunidad, una realidad que responde directamente a la gestión de las administraciones anteriores y que será muy difícil revertir en poco tiempo. Estamos hablando de la multiplicación verificada en los últimos años de los llamados «asentamientos irregulares», esto es predios (públicos o privados) donde se erigen viviendas precarias en su mayoría, sin registro ni control alguno, y que no cuentan con servicios elementales. Para mayor precisión, el Programa de Asentamientos Irregulares (PIAI) los define como «agrupamientos de más de diez viviendas, ubicadas en terrenos públicos o privados, construidas sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística».

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los asentamientos llegan a 676 en todo el país y albergan una población de 195 mil personas (el seis por ciento de los habitantes del país). En Montevideo suman 412, con un total de 39.116 viviendas, en las que viven casi 145 mil personas, esto es, el 11 por ciento de la población total del departamento; desde el relevamiento anterior (entre 1998 y 2000) se constató un incremento de 48 asentamientos en Montevideo.

Más allá de los números asépticos –y sin despreciar su innegable elocuencia–, es preciso tener en cuenta que detrás de ellos hay gente concreta, uruguayos de carne y hueso que viven en condiciones materiales inaceptables para cualquier ser humano. Sus viviendas no ofrecen el más mínimo confort ni están previstas para alojar a familias numerosas que deben vivir en una total promiscuidad. Carecen de los servicios elementales: transporte, agua potable, energía eléctrica, saneamiento, atención médica, establecimientos de enseñanza.

La respuesta de los gobiernos anteriores a esta situación ha sido meramente paliativa. Es decir que ante el hecho consumado de la aparición de un nuevo asentamiento, las autoridades han tratado de hacer llegar el agua potable, la luz eléctrica y alguna línea de autobuses; asimismo, mediante colectas y gestión de alguna ONG, se erige una policlínica.

Esta dolorosa realidad resulta más sublevante aun si tenemos en cuenta que mientras se multiplicaban estos asentamientos en los últimos quince años, los organismos estatales vinculados con el problema (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Banco Hipotecario del Uruguay, fundamentalmente) poco y nada hicieron para combatir el fenómeno. Es más, mientras cada vez más uruguayos se veían obligados a radicarse en dichos agrupamientos de viviendas precarias, el Banco Hipotecario llevó adelante una política funesta, financió emprendimientos fantasma, promovió viviendas de alto nivel y agotó sus arcas.

Será sin duda una ardua tarea la que espera al gobierno. Deberá idear planes para mejorar la calidad de vida de esos compatriotas, pero fundamentalmente deberá diseñar políticas sociales tendientes a combatir las causas de esa marginación. *