El procesamiento de Bordaberry y Blanco

No siento alegría por el hecho, pero sí siento una profunda satisfacción. Una especie de desahogo si se quiere. Es que fueron años de impunidad, de ver cómo se impedía todo avance, de que ciertos actores políticos nos quisieran vender el verso de que «no se podía avanzar más», «que se había hecho todo lo que se podía», que con recordar el pasado solo se lograría «reabrir heridas que el país venía sanando».

Pues bien, hace poco más de 18 meses que este gobierno viene demostrando con hechos que reconstruir el pasado y rescatar la verdad, no ponía para nada en riesgo a la democracia ni a la sociedad. Se nos dijo que no habían entrado a excavar en los cuarteles porque allí no había restos; y sin embargo, entramos y se encontraron los restos de dos desaparecidos… y aun si no se hubiera encontrado ningún resto, igualmente era necesario entrar a excavar por el valor simbólico que implicaba, y para despejar de una vez por todas todo tipo de dudas y rumores.

Luego, vino el procesamiento para los ocho ex militares y policías acusados de violar los DDHH en la forma más abyecta y repugnante a la que pueda caer la condición humana. Y ahora, es la prisión para estos dos civiles que colaboraron activa y voluntariamente con la dictadura. Uno, siendo el Presidente legalmente electo, se alió con los militares para disolver las Cámaras e instalar un gobierno de facto; mientras que el otro fue el canciller de esa época negra y convirtió al Ministerio de RREE en una especie de brazo más de los servicios de Inteligencia, algo así como una KGB o CIA diplomática.

Por eso, es también un hecho histórico que en 18 meses de gobierno se hayan desmoronado de forma tan contundente y ejemplar 20 años de paciente y metódica construcción del olvido, de la desmemoria y del desconocimiento. Y eso, cuando la verdad tantas veces negada comienza lentamente a surgir, en cierto sentido nos rebela, nos da bronca y nos angustia.

¿Cuántas veces desde otras tiendas políticas se ha dicho que debemos dejar de mirar el pasado y pensar en el presente y el futuro? ¿Cuántas veces se nos dijo que acá la ciudadanía había laudado el tema al ratificar la Ley de Caducidad? Piense, estimado lector, cuántas veces se nos dijo también que la intención de investigar  no ya la de juzgar- los crímenes cometidos durante la dictadura solo nos conduciría a un revanchismo inconducente y lleno de rencor.

Basta haber escuchado o leído las declaraciones de algunos connotados dirigentes políticos la semana pasada. Para uno, el procesamiento era una «mala noticia», mientras que para otro se está cambiando «la política de paz que el país desarrolló… en una mirada hacia el pasado que juzga a unos y no juzga a otros, y entra en un camino de discriminaciones que quizás vuelva a abrir heridas que el país venía sanando».

Parece que a estos señores les cuesta entender que hay temas que por más leyes que se voten, no pueden quedar solucionados hasta que efectivamente cierren las heridas de quienes las portan. No se ha inventado hasta ahora el método mediante el cual una norma legal pueda cerrar las heridas abiertas en el alma de las personas, no se puede legislar sobre los sentimientos y subjetividades personales.

Pero además, que yo sepa, lo único que laudó la ciudadanía con el plebiscito del 89 fue la aceptación de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto a los crímenes de índole político que hayan cometido funcionarios militares y policiales en cumplimiento de órdenes dadas por los mandos…. eso es lo que expresa el artículo 1° de dicha ley. Nada más, y nada menos por cierto.

Y ese pronunciamiento popular es el que hemos jurado respetar, no debemos ni podemos tomar el atajo del camino fácil que significaría derogar o anular la Ley de Caducidad, porque estaríamos faltando al compromiso social asumido con la ciudadanía en la campaña política, de respetar dicha norma y aplicarla en su real significado. Aun a pesar de que nos pueda resultar ingrato o incómodo. Y aun a pesar de que podríamos discutir largamente el particular ambiente en que se llegó a ese plebiscito, como la larga ola de rumores que aseguraban que de ganar el voto «verde» los tanques volvían a salir a las calles, que podrían poner en entredicho la validez formal de dicho acto plebiscitario.

En definitiva, ¿qué revanchismo puede haber en querer investigar y conocer los hechos acontecidos?, ¿qué revanchismo puede existir en el genuino interés de un familiar en recuperar los restos de un ser querido?, ¿es acaso «revanchismo» querer hacer cumplir el texto de una ley tal cual está escrita?

Esta decisión judicial no hace más que reforzar nuestra tesis. Basta pensar cuántos años de dolor, de ocultamiento y de negaciones nos hubiéramos evitado. ¿Y qué hay de las eventuales pistas y testigos que el inevitable transcurso de los años se han encargado de borrar y llevar? Porque evidentemente, no es lo mismo intentar llegar a la verdad cuando ha transcurrido poco tiempo de los hechos que intentar desentrañarla cuando han pasado más de 20 años.

Y esto es algo que me interesa dejar bien claro. Nosotros no inventamos nada nuevo, ni pergeñamos una solución mágica para llegar a la verdad. Simplemente nos hemos limitado a cumplir con las reglas de juego que hemos heredado; entonces aplicamos la Ley de Caducidad en su real sentido, sin darle amplias y más que generosas interpretaciones, y hemos dejado actuar libre e independientemente al Poder Judicial.

Y eso me interesa abordarlo también, ya que se ha dicho por ahí que la Justicia actuó presionada por nuestra fuerza política y que responde a «ansias revanchistas». Flaco favor le están haciendo quienes esgrimen ese argumento a los anteriores gobiernos.

Porque si el argumento es válido para criticar el manejo del gobierno sobre los Derechos Humanos y la recuperación del pasado; si son intelectualmente honestos, también deberían reconocer la validez del argumento contrario: que se presionó e impidió a la Justicia actuar, para fomentar una política de olvido institucionalizada y avalada desde los gobiernos de turno.

No queda más que reafirmar, entonces, nuestro firme compromiso con reconstruir la verdad histórica, sin revanchismos de ningún tipo; pero comprendiendo sí, el dolor de los familiares de los desaparecidos y por ende, posibilitando que la Justicia actúe libre y soberanamente, en el marco del máximo respeto a las normas legales vigentes, que nuestra fuerza política asumió como un compromiso político en la campaña. *