La imperiosa necesidad de controlar la moral pública

Dentro de los innumerables surcos que un desbarajuste nacional de órdago provoca en nuestra sociedad, no constituye un tropiezo menor el sólido y generalizado cuestionamiento a la moral pública.

Este rubro en el cual se incluyen con demasiada facilidad individuos e instituciones públicos y privados nada es estático, porque recurrentemente la insatisfecha sociedad es castigada con noticias desalentadoras y frustrantes.

Sabiendo que ni los hombres ni las cosas son perfectos como ambicionamos, nos planteamos exigencias mínimas para todo hombre público o no, reduciéndolas al establecimiento de reglas de juego claras, precisas y naturalmente estables. Con ello se evitan las líneas de conducción zigzagueantes y los impagables discursos marginales de tono operístico para intentar explicar los cambios de rumbo y los bruscos golpes de timón.

Esto es así porque las indecisiones y dudas que generan tales conductas podrán servir para conservar el poder –cada vez con menos legitimidad y mayor descrédito– pero ponen de manifiesto la contumaz persistencia en el pésimo encare de los problemas que nos están matando.

Parece claro que la política de dos caras no goza de aceptación social en nuestro país pues hasta ahora y en forma rapidísima, solamente unificó los repudios sectoriales desde todos los rincones del territorio porque el descalabro triunfante magulló a justos y pecadores.

Recordemos que los Estados miembro de la OEA aprobaron con nuestro voto el 20/03/996 la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuya primera frase nos viene como anillo al dedo pues reza: «Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, ( y ) decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas…», adoptaron una extensa serie de normas que, con mucha lentitud, plasmaron en nuestra legislación.

Dos años y medio después, la Ley Nº 17.008 aprobó esta Convención que incluyó un listado no taxativo de cinco hipótesis de corrupción conocidísimas por nuestra ciudadanía.

En este atardecer latinoamericano se sucedieron decenas de fétidos ejemplos que una herrumbrosa Justicia continental, con honrosísimas excepciones, no logró desentrañar y menos castigar. Nuestros flacos pueblos fueron asumiendo que, casi de la mano de desmonopolizaciones, desregulaciones, privatizaciones y tercerizaciones no sólo postergaba la ansiada reconstrucción, sino que los personeros públicos se matrimoniaban en pleno derrape moral con vastos sectores de la actividad privada.

Muchos titulares de entes autónomos, inundados de eterna gratitud renunciaron a sus cargos –pero no a las prebendas– para instalarse cómodamente en la actividad privada que compite con aquellas empresas públicas. El BPS fue pródigo en ejemplos pues algunos jerarcas que forzaron contra viento y marea la creación de las AFAPs –que hoy naufragan sin remedio– figuran en sus directorios parapetados con sueldos que ofenden a la muchedumbre de mendigos.

Estas cosas son las que demuelen a los más pintados e inmóviles porque nos hacen pensar que nació un gran sufrimiento para este caído pueblo que ve extraviar sus sueños en callejuelas de barro.

En los lineamientos del Presupuesto 2000-2004 del Poder Judicial se dice una vez más que «un Poder Judicial confiable, eficaz y eficiente produce una externalidad positiva sobre la actividad económica de un país, ya que brinda las garantías necesarias para el retorno de una inversión debido al riesgo asumido. Una respuesta eficiente a la demanda de servicios judiciales contribuye decisivamente a mejorar la valoración externa que se tiene del país ante la comunidad internacional, máxime en un marco regional donde los Poderes Judiciales existentes no gozan de la probidad que sí tiene el Poder Judicial uruguayo».

Los ineficaces controles éticos y morales sobre actos públicos expanden, a veces incurriendo en pésimas generalizaciones, ese rito afiebrado de la sospecha moral al punto que ya nadie se arriesga a desmentir a los testigos que juran haber visto abrazados y riendo a Cristo y Satanás.

* Ex magistrado judicial