¿Quién manda en el BSE?

En el año 1978, los militares estaban consolidados en el poder del Estado. En el marco de esta situación es designado vicepresidente del Banco de Seguros del Estado, el coronel (r) Tabaré G. Alvarez. Pero no era lo mismo manejar un cuartel que una gigantesca compañía de seguros, donde se mueven poderosos intereses internos y externos. Ciego total, el coronel debió tomar por buenos lazarillos a los logreros que aparentaban ser obsecuentes al régimen.

Uno de los mejores negocios del Banco era la cartera de seguros de vida. La expandida clase trabajadora pública, ministerios y las más importantes empresas del país, digamos, desde UTE, Ancap a Conaprole y ONDA, eran compradores de miles de pólizas de seguros de vida y ahorro para sus familias. El uruguayo tenía esa cultura de previsión hacia el futuro, el ahorro, la casita, el terrenito, el seguro de vida. Todavía el consumismo y la usura no nos habían devorado. Esa expandida masa de pólizas de seguros de vida, magnífico negocio de manejo de dinero a futuro para colocaciones financieras, estaba totalmente bajo control del Banco. No requería de reaseguros en el exterior; las primas generaban suficientes reservas que se colocaban a buenos intereses entre los propios asegurados. El Banco tenía excelentes retornos financieros. La cobranza se realizaba por los convenios colectivos de retención de haberes, en los diversos lugares de trabajo públicos o privados. ¡Cobranza gasto cero, morosidad ninguna! ¡El sueño del pibe para cualquier compañía de seguros de vida! Pero las reaseguradoras no entraban en este negocio cerrado, autosuficiente y rentable. Para ello había que cambiar el estilo del sistema. Era necesario cambiar los cientos de miles de contratos de seguros individuales por convenios de seguros de agrupamiento, en los cuales sí era necesaria la presencia de las reaseguradoras foráneas. Pero eso no podía hacerse por las buenas. Y allí entra el coronel y todo lo que él representaba: la dictadura.

Para convencer a los funcionarios de cambiar sus seguros individuales con ahorro, por contratos de agrupamiento carentes del mismo, se necesitaba de personal profesional, era necesario forzar a los corredores a hacer el trabajo.

En el año 1979 se prohibió la venta de seguros individuales pagaderos por convenio colectivo. En 1979 a los corredores, ajenos a la conjura, se los colocó en la disyuntiva de sumarse a la tarea o dedicarse a otra cosa. Los más allegados al proceso militar, los adulones que todo poder genera, se reservaron los grupos mayoritarios. Formaron sociedades con funcionarios claves en las contadurías de los ministerios, creando verdaderas máquinas de extorsión interna que forzaban al funcionario al cambio contractual, so pena de no poder tramitar un préstamo social del BROU. Se puso así la máquina institucional del Estado al servicio de los corredores que contaban con buenos amigos en el régimen.

La veda de producir seguros individuales, a todas luces arbitraria, afectaba la libertad comercial elemental de los clientes de elegir entre las ofertas del Banco. La supresión de las libertades comerciales no estaba en la lista de libertades a suprimir por parte de los militares y la veda se levantó al año siguiente. Pero ya la máquina se había puesto a andar. Los popes del negocio tuvieron el apoyo institucional del Banco gracias a los funcionarios que habían armado el negocio con las reaseguradoras; otros asumieron la tarea de custodias permanentes internos. La cartera de seguros de vida se convirtió en exportadora de remesas al exterior por concepto de reaseguros. Esa concentración en el vértice del negocio se condice perfectamente con el oligopolio de corredores conformado: dos o tres regentean la cartera del Banco.

En estos 28 años fueron múltiples los sabotajes internos a las cuentas colectivas de vida. La ley 17.829 (18/09/04) sirvió de pretexto a los «inimputables», que desde dentro defienden intereses inconfesables, para la reimplantación de la prohibición de 1979.

El régimen de seguros de agrupamiento generó un poderoso oligopolio de corredores que ha medrado con el monopolio de la oferta durante años, con agrupamientos que apenas superan el 50% de participación. Los grupos han envejecido, las primas requieren subsidios para evitar la huida de los asegurados. Pero aún así, al retirarse, se ven obligados a cuadriplicar sus primas para no morir sin cobertura, luego de haber pagado durante tres décadas.

Pésimo negocio para el Banco. La ruina de decenas de honestos corredores. Y una irritante decepción para los asegurados.

La respuesta es: «el hombre de la bolsa». El dinero manda. *