El diario El País, celoso guardián de la impunidad

Así como en oportunidad del procesamiento de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros El País editorializó tratando de «animal» al juez Cavalli, el domingo pasado el editorial central del matutino se agravia por la reciente decisión judicial que ordenó el procesamiento con prisión de Bordaberry y Blanco por los cuatro homicidios de mayo de 1976 en Buenos Aires.

Como puede advertirse, el mencionado medio de prensa se ha convertido en el vocero oficioso de la causa de la impunidad para responsables de delitos de lesa humanidad. No debería sorprendernos esa postura obsecuente con los golpistas y terroristas de estado si tenemos en cuenta cuál fue el papel desempeñado por El País durante la dictadura cívico-militar, cuando defendió a capa y espada todo lo hecho por el régimen de facto, negó los crímenes, o los justificó. Sin embargo, nuestra capacidad de asombro no está agotada, y el editorial del domingo pasado expone un punto de vista que no podemos pasar por alto.

Sostiene el editorialista que el delito por el que han sido procesados Bordaberry y Blanco está prescripto; y que, por otra parte, está amparado por la Ley de Caducidad. Pues ni lo uno ni lo otro. La Justicia independiente de nuestro país ha sostenido que la prescripción no opera en razón de que los plazos de la misma deben prolongarse pues es preciso descontar el lapso durante el cual era imposible llevar a cabo acción de justicia alguna. Y en cuanto a la Ley de Caducidad, no olvidemos que esta norma no extinguió los delitos pues no fue una amnistía, y no amparó a los civiles cómplices o autores de violaciones a los derechos humanos.

Pero peor aun que esta interpretación retorcida de la legislación resulta la peregrina tesis histórica (muy a propósito en momentos en que se debate sobre la historia reciente) según la cual la dictadura «como de sobra sabemos cuantos la sufrimos y a ella nos opusimos, era exclusivamente militar» (sic). De un plumazo tergiversa la realidad histórica con el único objeto de salvar a los civiles que acompañaron el proceso, asesoraron a los motineros e impulsaron medidas de gobierno. Con esta afirmación falaz, los cómplices civiles (doctores, economistas, profesores, ingenieros) del terrorismo de estado quedan libres de toda culpa, incontaminados, al margen de toda sospecha, ajenos por completo a todo lo que ocurría en un gobierno que integraban. ¿Es verosímil?

Resulta repugnante este intento de salvar a individuos tan execrables como los uniformados. Pero el editorialista no se detiene allí, va más allá en su propósito de deslindar responsabilidades de civiles (colorados y blancos colaboracionistas), y conjetura que lo más probable es que la responsabilidad de los crímenes de Buenos Aires recaiga enteramente en el Servicio de Inteligencia de Defensa, comandado por el general Amaury Prantl. Esta hipótesis cierra a la perfección el razonamiento del editorialista y viene a apoyar su idea. Los malos fueron sólo los militares; pero sobre todo, los que están muertos. Así nos quedamos todos tranquilos y con la conciencia en paz.

No, señores de El País. Las cosas no fueron así. ¿O acaso el editorialista ha olvidado o no está al tanto de la febril actividad que el doctor Blanco desplegó en Buenos Aires por aquellos días aciagos de 1976? Abundan pruebas y testimonios de las gestiones del entonces canciller para que los uruguayos más relevantes exiliados en Argentina (los dos mártires y Wilson Ferreira entre otros) fueran estrechamente vigilados y no pudieran realizar actividad alguna ni viajar al extranjero.

Pensamos que a la gente de El País le vendría bien asistir a los cursos de historia reciente que pronto comenzarán a dictarse. *