Uruguayos campeones… de la impunidad

«Ningún gobierno tiene el derecho

de escudarse detrás de la soberanía nacional

para violar los derechos humanos

y las libertades fundamentales de su pueblo».

Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, ante la 55ª Sesión de la Comisión de DDHH de la ONU (7/4/99).

Desearía no estar escribiendo estas líneas. Desearía que otras voces, más idóneas y más fuertes que la mía se hubieran hecho oír en los últimos días para poner las cosas en su lugar cuando el ministro de Defensa afirmó barbaridades desde el punto de vista político, jurídico y del Derecho Internacional. Lamentablemente, en este país hemos perdido, al menos para ciertos temas, la capacidad de reacción, y hasta de vergüenza.

El ministro de Defensa, representante del sector político liderado por quien fue dos veces presidente de este país y se ha convertido en los últimos tiempos en el paradigma internacional de la impunidad, afirmó que el gobierno uruguayo no va a responder el pedido de informes del fiscal argentino Miguel A. Osorio sobre los operadores uruguayos del Plan Cóndor (los mismos ocho militares que han sido denunciados desde hace quince años en numerosas causas judiciales en Uruguay, Argentina, España, Italia, y ante los organismos internacionales de derechos humanos).

Las razones profundas de esa negativa las conocemos todos: el partido de gobierno y sus aliados han hecho un pacto con los criminales internacionales de la dictadura para garantizar y defender su impunidad a cualquier precio. Y desde 1984 se han mantenido fieles a ese pacto. No por altruismo o sentido de pacificación: lo han hecho porque esos políticos son cómplices y corresponsables del Terrorismo de Estado que las Fuerzas Armadas ejercieron en este país. Ellos están tan comprometidos como los militares en ese proceso, y por eso lo último que desean es cualquier tipo de revisionismo sobre ese período.

Entonces las razones esgrimidas son otras, y sobre ellas tenemos que opinar. El ministro Brezzo –a quien el Presidente Batlle ha hecho dar la cara para no deteriorar su imagen personal– ha dicho disparates de tal magnitud que sólo pueden entenderse en una sociedad que desde hace tiempo ha renunciado a debatir estos temas y los ha convertido en el gran tabú nacional, en una mala conciencia colectiva con la cual vivimos.

El ministro de Defensa pretende hacerle creer al país, y tragar a la comunidad internacional, que la ley de impunidad uruguaya –ese engendro jurídico cada día más obsoleto, que ya debería haber sido derogado, si hubiera sensibilidad y compromiso con estos temas en el Parlamento nacional– tiene alcance y jurisdicción universal.

Por si esto fuera poco, ha dicho que un pedido de informes a Uruguay sobre ciudadanos uruguayos que presuntamente cometieron graves delitos en territorio argentino, por parte de un fiscal argentino que investiga hechos ocurridos en territorio argentino, es una intervención de terceros estados en la estructura jurídica del país.

Yo, que soy una simple militante de derechos humanos, que me he formado en este campo empíricamente, esperaba que ante tamaña aberración inmediatamente surgirían palabras autorizadas para corregir al ministro. Me imaginé que los catedráticos de Derecho, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se encargarían de poner las cosas en su sitio e informarle a la tan manipulada opinión pública uruguaya que eso no es así: que un pedido de informes en la órbita judicial no es injerencia de un Estado sobre otro ni mucho menos. Y que la Ley de Caducidad no puede ser aplicada más allá de fronteras. Pero ante mi estupor, las barbaridades de Brezzo fueron respondidas con silencio. Y cualquiera que no sabe nada de Derecho, conoce sí el viejo dicho: el que calla, otorga. Así que al parecer en este país de la cola de paja, los expertos creen que el ministro tiene razón.

En medio de semejante trastrocamiento de todos los conceptos jurídicos, vale la pena observar que el fiscal Osorio, quien investiga hechos ocurridos en el marco del Plan Cóndor, no ha pedido en nombre de la Justicia argentina la extradición de ninguno de los criminales investigados. Simplemente pidió al gobierno uruguayo informarle en qué rama de actividad revistaban esos sujetos durante los años en que se cometieron los delitos investigados. Nada más que eso. (Y lo hizo, casualmente poco después que las instituciones argentinas brindaran sin dilaciones toda la información disponible sobre los uruguayos desaparecidos que les solicitara la Comisión para la Paz).

Pero esa simple pregunta es demasiado para el bloque defensor de la impunidad uruguaya. En un país donde esos crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad nunca fueron investigados, reconocidos ni hechos públicos; donde hasta hace poco se decía que ninguno de esos hechos hoy conocidos internacionalmente había ocurrido, y que los desaparecidos estaban veraneando en Cuba; en un país donde los militares jamás fueron interrogados, juzgados ni depurados, y mantienen intactos sus privilegios, al punto de que quien habla mal de ellos puede ser sometido a juicio (pregúntenle al Sabalero); o donde los escraches que buscan la sanción moral de los asesinos sacándolos del anonimato son considerados ofensivos y de mala educación; donde los representantes del Poder Ejecutivo hace quince años que llaman enfrentamiento interno al Terrorismo de Estado que practicó la dictadura; y donde el Poder Judicial, en lugar de aprovechar los avances de la legislación internacional en materia de derechos humanos para superar la ley de impunidad (como han hecho sus pares en la región), ha optado por aplicarla con más celo jurídico que el de sus propios redactores (pregúntenle a Sara Méndez); en un país que no quiere enfrentar su pasado, ni reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos masivamente desde el Estado (no hablo sólo de las cerca de doscientas desapariciones forzadas, sino también del centenar de ejecutados, de los miles y miles de presos políticos, torturados, exiliados, destituidos, y de una sociedad entera sometida al terror por más de una década); en ese país, en suma, es comprensible que un simple pedido de informes sea visto como una intromisión inaceptable.

Y es que realmente, como el Uruguay no hay. No existe una situación comparable a la de este país en materia de impunidad. Parecería que en este aspecto no hay interés en llevar adelante una política común con el resto del Mercosur, sino que marchamos a contramano de nuestros socios, del Derecho Internacional, y de la Historia. Mientras en Chile y Argentina los tratados internacionales adquieren fuerza de ley para castigar a los responsables de delitos que no pueden ampararse en leyes de amnistía inaceptables para la comunidad internacional, el Uruguay se sigue excusando hasta de colaborar mínimamente con sus vecinos, con argumentos que dan vergüenza hasta al más lego.

Coherente con esa política y también a contracorriente, Uruguay es el único país de América del Sur (junto con el Perú de Fujimori) que no ha firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por razones que mucho tienen que ver con el tema que nos ocupa. El mensaje parece ser siempre el mismo: que nadie venga de afuera, ni ahora ni en el futuro, a pedirnos cuentas por nuestros actos.

Este concepto de soberanía retrógrado y reaccionario, que sólo los dictadore
s han esgrimido, desconoce que, en un mundo cada vez más interdependiente –como resultado de la globalización que tanto pregonan en otros planos–, ya nadie puede pretender no dar cuenta de sus acciones, independientemente de las condiciones internas que hayan podido favorecerlo. Un mundo, afortunadamente, en el que los Hitler, los Pol Pot, los Idi Amín, los Milosevic, los Pinochet, los Ríos Montt o los Videla no podrán seguir haciendo lo que se les antoje dentro de sus fronteras sin rendir cuentas a la humanidad.

No obstante, si la impunidad alienta la repetición de los delitos, no existe en el continente un país con más posibilidades que éste de volver al Terrorismo de Estado, en alguna coyuntura futura donde los poderosos de siempre vuelvan a sentir sus intereses amenazados. En la medida que han comprobado lo fácil que les resultó burlar la Justicia y ocultar la Verdad, con la aquiescencia del poder político y la resignación de la sociedad civil, se sentirán alentados a salir en defensa de los valores que dicen custodiar, con los mismos métodos del pasado. Para estar seguros, les bastará con no salir jamás de las fronteras nacionales, para no caer en manos de una comunidad internacional que no les va a perdonar sus crímenes como dentro de casa.

* Fundadora del Serpaj