¿Problemas de gobernabilidad?

No creemos que al inicio de una gestión de gobierno estén seriamente planteados los problemas de la llamada «gobernabilidad».

El Poder Ejecutivo todavía tiene en la manga algunas cartas «matadoras» con las que «persuadir» a los legisladores díscolos.

A los del Partido Nacional, que ya se han insinuado y a los del Partido Colorado que eventualmente pudieran surgir ante las «demandas insatisfechas» de los operadores locales descontentos con los magros resultados del reparto.

Las confortables butacas de los directorios de las empresas públicas están ahí, esperando las felices posaderas de los favorecidos.

Los nombres se barajan en silencio. Por excepción sólo unos pocos saben acerca de los bienes y servicios del país que tendrán que administrar. Los demás nombres irán goteando a partir del laudo preciso de las paramétricas partidarias.

Pocos creerán que es de provecho hacerse los locos antes del reparto.

Gobernabilidad pues, hasta el fin de las refacciones, habrá.

El problema empieza después.

El hecho dominante es que los partidos de la coalición de gobierno, particularmente el Partido Colorado, no funcionan como tales, con democracia interna, elaboración colectiva de propuestas y una visión compartida del país y de las propuestas para resolver sus problemas.

Los partidos no aparecen como usinas permanentes de elaboración de ideas y programas.

Son, más bien, estructuras elitistas, integradas por los que algunos ensayistas han denominado «barones de la política» que resuelven en nombre de toda una colectividad partidaria.

Los vínculos con la sociedad, que antiguamente funcionaban a través de la figura del «diputado», escucha, militante, gestor y legislador que se hacía eco de las iniciativas, las demandas y las esperanzas de una zona o barrio, ha desaparecido.

Cuando en estos días el doctor Lacalle despliega su pirotecnia política sugiriendo que el Presidente de la República convoque a los cuatro líderes de los grandes partidos está dando, entre otras, algunas señales claras.

Para empezar, que el sistema surgido de la reforma constitucional de 1996 no ha logrado alcanzar con los objetivos que se le prometieron a la ciudadanía.

Estas instituciones son las que los reformistas del 96 quisieron.

Si con ellas no pueden gobernar, ¿no es la confirmación que en realidad la reforma tenía como único propósito evitar un triunfo del candidato del Encuentro Progresista?

Hoy el país enfrenta las convulsiones de una crisis de inserción en el mercado globalizado y de crisis de sus propias estructuras productivas.

Sobre la sociedad caen los efectos de la recesión económica.

La dimensión social y humana de esta crisis la mostraban ayer con claridad las cifras de las investigaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (Celade) publicadas en nuestra edición de ayer: más de medio millón de pobres, sesenta mil indigentes.

¿Cómo se expresa políticamente esta masa ciudadana arrojada a la pobreza?

¿Hacia dónde encauza sus opiniones, sus anhelos, sus demandas?

Cuando se le ofreció a la ciudadanía la reforma constitucional de 1996 se dijo que ese era el camino de la transparencia, del sinceramiento político, de la democratización de los partidos y por esa vía del afianzamiento de la democracia.

Hay que preguntarse si, en el plano institucional no habría que empezar a trazar rumbos para instalar en el país un debate acerca de cómo avanzar en un proceso real de democratización de las estructuras políticas.

Enfrentar las contingencias adversas de la economía bajo el mando de unos pocos es una cosa.

Hacerlo con la presencia participativa de la gente, informada y con posibilidades de decisión, es otra.