Sobre la reforma del Estado

La actual estructura del Estado es deficiente y negativa para los intereses nacionales. Además de corporativista, onerosa. ¿Cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tienen en Uruguay, con el fin primordial de sostener a un monstruo de mil cabezas, ineficiente e incapaz de renovarse a sí mismo?

Por ello son bienvenidos los anuncios desde el gobierno de que se iniciarán los estudios correspondientes para meter bisturí a fondo, modificar este estado de cosas y crear un Estado al servicio de los ciudadanos y no uno que vive gracias a una presión impositiva insoportable.

Muchas veces nos preocupó que por decisiones tomadas ligeramente las empresas estatales comenzaran a deslizarse hacia una privatización por el camino de la «asociación» porque, entre otras cosas, nos había ganado ideológicamente el concepto de los «monopolios naturales», una peregrina construcción teórica muy al servicio de la burocracia uruguaya, que sirvió para que aquí durante años pasara mucha agua sucia bajo los puentes del Estado, aparecieran privilegios hoy intolerables y, por supuesto, los usuarios fueran los que pagaran el pato de todo ello con tarifas por servicios, no del todo buenos, a precios exorbitantes.

Siempre hemos apoyado las movilizaciones populares en defensa de Antel y de Ancap, en que el pueblo uruguayo se definiera con claridad meridiana. Pero, eso es bien claro, ni unos ni otros (los que apoyaron un camino o el otro) queremos que esas empresas públicas, los llamados «monopolios naturales», mantenidas en la esfera estatal, les hagan pagar a los usuarios por sus servicios, medidos a niveles internacionales, los precios más altos. Y menos, para mantener islas de privilegios.

Desde aquellos tiempos, cuando ya tiene un buen período de asumido el gobierno popular, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el único recurso de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo.

Los uruguayos, si bien en el sector privado hemos recuperado algo de nuestro poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salarios, otros compatriotas en el sector público, especialmente los integrantes de la clase pasiva –los no privilegiados–, conviviendo con otros marginales, se mantienen dentro de márgenes de orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, Salud Pública, Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.

Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno promete encarar, que tenga en cuenta esas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables. Para colmo hay todavía quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y aduciendo que algunos, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.

Todo es discutible y la mayor parte de lo que se dice no es cierto, especialmente en el Uruguay, donde el sector privado vivió su crisis y su bonanza en algunos sectores, producto del manejo adecuado de las variables de los negocios. Pero nos preguntamos: ¿Qué empresa del sector privado paga hoy sueldos de más de 100 mil pesos? Hay algunas, que unen al usufructo del cargo una permanente inestabilidad en la función. ¿O ese rubro no lo tomamos en cuenta cuando hablamos del tema?

La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cuál es la realidad cotidiana y las ventajas que, de alguna manera, ha tenido para algunas actividades el quebrar la explotación monopólica como ha sido, por ejemplo, en la telefonía móvil, que se ha desarrollado en el país en progresión exponencial gracias a la existencia de la competencia. *