La necesaria voz del Presidente

Atribuir sin fundamento intenciones conspirativas a personas y a sectores políticos, gremiales y sociales que representan a cientos de miles de uruguayos, así porque sí gratuitamente, es un hecho grave e infamante.

En la vida pública y más aun desde el gobierno, no puede alentarse el odio, la acechanza y el agravio. Para poner límites a esta situación insostenible, es necesaria la voz del Presidente de la República. En Uruguay el Presidente es jefe de estado y de gobierno. Su voz o su silencio son formas de expresar el sentir y la visión del gobierno nacional sobre los temas esenciales de lo público. Cuando lo dicho pasa de castaño oscuro como ahora, y se atribuyen conductas que de ser ciertas, serían gravísimas por tener que ver con la nación y sus instituciones, entonces el Presidente tiene que expresar pública y oportunamente su pensamiento.

Creemos necesario que el Presidente hable. Que ponga freno y lleve la razón a los espíritus soliviantados, porque la balanza de la cordura de algunos de sus operadores en el poder, se inclinó peligrosamente hacia el desencuentro social y político, con el grave riesgo de promover el odio y la división de la nación.

No puede quedar en la indefinición si un comandante en jefe se destituye por no informar una invitación que formuló, o si se destituye desde la presunción de formar parte de un debilitamiento de las instituciones. El Presidente debe decir pública y claramente lo que piensa y sabe al respecto, porque esa tarea es parte esencial de su magistratura.

Los hechos políticos y gremiales se acumularon por estos días. El gobierno está con dificultades notorias en varios frentes y mucho nos preocupa. Numerosos e importantes sectores del quehacer nacional advierten sobre complejas situaciones y proyectos en curso, y sienten que no son escuchados en debida forma, como lo expresan en las comisiones del Parlamento. Por si fuera poco, el partido del gobierno de partido único, está sumergido en complejas elecciones internas, que inciden en la gestión del gobierno y en consecuencia en la vida del país.

Con la intención que fuere, toda esta tensión se expresó desde la promoción de la descalificación del otro, desde el odio y el agravio.

Protagonistas del gobierno irresponsablemente y en plena crisis hablaron de conspiraciones y enemigos. Si se agravia públicamente, se expone al odio y al desprecio, se conjetura sobre conjuras y se advierte como cierto y comprobado que hay enemigos que organizan un debilitamiento institucional, el Presidente debe salir para aclararlo. Destituyó al comandante en jefe del ejército nacional, y lo hizo apresuradamente como sanción por invitar al dos veces Presidente de la República, hoy senador nacional y secretario general del Partido Colorado. Un partido de larga historia constitucional, constructor de paz y civilización nacional.

Un ex Presidente que ayer nomás en dos gobiernos, condujo la reconstrucción de una democracia destruida, donde el sistema político y la ciudadanía generaron amnistías e indemnizaciones en todas direcciones en busca de la paz posible, de la consolidación de las instituciones nacionales, y de la plenitud de las garantías esenciales. Poner en cuestión o siquiera insinuar hacerlo, la condición de demócratas de los invitados, Sanguinetti, Lacalle o Larrañaga, es una afrenta inadmisible.

El comandante en jefe del ejército, hombre de confianza absoluta del Presidente, invitó a una ronda agendada con la oposición, a un edificio del estado a su uso destinado. Un lugar con abundante custodia militar, planilla con registro de asistentes en la puerta con oficial a cargo, personal de apoyo y mucha gente, por lo que una reunión allí con personas públicamente conocidas, podría ser todo menos clandestina.

Si el comandante invitó allí -aún sólo queriendo ser discreto- debe padecer un grave problema de percepción de la realidad, porque ese no podía ser el lugar donde tener una serie de conversaciones que pudiera ocultarle al Presidente si esa fuera su intención. Para eso le hubiera bastado encontrar algo que festejar en algún balneario donde abundan parrilleros y tranquilidad.

No fue así, y no tenía por qué serlo, ni los invitados se prestarían si fuere de otro modo. Todos -los anteriores, los actuales y los futuros comensales- sabían de la anunciada intención de conversar sobre problemas de su fuerza, que vaya si los tiene. Y eso es bueno también para el gobierno, porque su protagonista y anfitrión era el Comandante en Jefe del Ejército Nacional, militar leal y públicamente reconocido en sus méritos por el gobierno todo.

La invitación del comandante ofendió al gobierno, que fulminante le destituyó desde el Cabo

Polonio. El Presidente tiene todo el derecho formal a equivocarse.

Lo que resulta inadmisible es asociar artificiosamente esa reunión, con conflictos gremiales, con el paro de los transportistas de carga, o con el crítico tema de la porfiada reforma tributaria, que a poco que se conozca más en sus perjuicios, generará graves problemas desde la mayoría de los sectores del país.

Todo lo dicho ha sido un grave error del que nadie tiene derecho a aprovecharse maliciosamente. Por eso el Presidente de la República debe salir públicamente a decir su opinión, para llevar tranquilidad a la nación y hacer justicia. *