La importancia de subsidiar el boleto

Escrito por: EDUARDO RIOS

Desde el inicio mismo del conflicto, si algo estuvo claro fue la firme decisión del gobierno de no negociar el decreto sobre el boleto. Se podían buscar soluciones alternativas ­como efectivamente se hizo con el porcentaje final de IVA pasible de descuento­ pero nada que afectara la ansiada rebaja en el precio de los boletos urbanos, suburbanos e interdepartamentales.

Mal que les pese a los más convencidos y acérrimos liberales y sus teorías sobre la “mano invisible”, la realidad nunca ha sido tan idílica como plantean sus teorías. Si el llamado “socialismo real” resultó una utopía insustentable, algo parecido puede decirse sobre el liberalismo más puro y duro: fallas y faltas de información, relaciones asimétricas de poder que generan relaciones de dependencia e inequidad, racionalidad condicionada por la complejidad del propio ser humano que no es solo una computadora que analiza variables de tipo lógico, etc.

De este modo, lejos de esos mercados de “competencia perfecta” propuestos por los liberales a comienzos del siglo pasado, lo que existen son cientos de miles de mercados de competencia imperfecta.

Y también tenemos a los bienes públicos, esos servicios que si bien el mercado puede ofrecer, si no lo hace, la población igualmente demanda su satisfacción.

Salvo los liberales más dogmáticos, hoy en día hay un consenso generalizado sobre que esos bienes públicos van más allá de la defensa de la seguridad interna y la soberanía externa (el famoso Estado “juez y gendarme”), e incluye ­con diferencias de matiz­ a la educación, la salud, el alumbrado público, la limpieza de los espacios públicos, el saneamiento, y el transporte colectivo de pasajeros.

No implica esto que el Estado deba ser prestador directo de dichos servicios, o que los agentes privados queden excluidos de la posibilidad de brindarlos. Lo que significa es que el Estado tiene el derecho a regular su funcionamiento en beneficio del conjunto de la sociedad, e incluso a intervenir directamente en los mismos como forma de asegurar su cumplimiento.

Por ejemplo: ¿se imaginan qué pasaría en el país si la UTE fuera una empresa privada que tuviera al lucro como finalidad principal? Piense el lector en las millonarias deudas que algunas intendencias mantienen con el ente y en el magnífico instrumento de presión que podría ser el alumbrado público. ¿Se pueden imaginar ya las calles de las ciudades a oscuras? ¿Y qué pasaría si la empresa diera quiebra y abandonara el servicio? ¿A quién le reclamaría la sociedad ­liberales incluidos­ el cumplimiento del servicio?

Salvando las diferencias, algo similar es lo que ocurre con el transporte colectivo. Es de utilidad pública que su precio sea lo más accesible posible a todos los estratos sociales, sobre todo a los menos privilegiados económicamente y que deben recurrir a este servicio para desplazarse diariamente hacia sus trabajos, sus centros de enseñanza, realizar trámites de algún tipo, o que simplemente quieren salir a pasear y necesitan trasladarse usando este medio.

Y también es una solución correcta que se subsidie mediante el encarecimiento del precio del gasoil, un combustible que durante 15 años hemos subsidiado entre todos por ser el combustible de la producción y el trabajo… pero subsidio del que también se aprovecharon muchos que no lo usan ni para su trabajo ni para la producción: lo hacen para el ocio. Basta ver la enorme desproporción entre automóviles gasoleros y nafteros que circulan por nuestras calles, y que hemos llegado al colmo de tener que importar gasoil ­que siempre nos falta­ y exportar nafta, que siempre nos sobra.

Por ello es que nos parece sumamente acertada la medida de subsidiar el boleto mediante la suba del gasoil: porque es de utilidad pública, y es también comenzar a reparar una realidad negativa que surgió a partir de una intención sumamente positiva; pero sin sobrecargar por ello al sector productivo.

Porque en nuestra campaña prometimos contemplar e impulsar tanto al Uruguay Productivo como al Uruguay Social e Integrador; y hasta ahora, en esa no siempre sencilla tarea estamos comprometidos.

Que quede claro: no es una medida contra nadie en especial, y menos aun contra el sector del transporte de carga; y por eso, en las negociaciones el ministro Rossi siempre estuvo dispuesto a negociar soluciones alternativas para los mismos. Pero sí es una medida a favor de los miles de usuarios que diariamente deben usar el transporte colectivo para desplazarse hacia sus cotidianas actividades, sin tener la posibilidad de elegir otras opciones. *