Cuenta regresiva para el dictador Bordaberry

De acuerdo con la información brindada ayer por LA REPUBLICA finalmente la Justicia uruguaya ha resuelto encarar el abordaje de una de las causas penales más revestida de contenidos simbólicos en la historia reciente de país.

El juicio sobre los hechos protagonizados por el presidente-dictador, quien ungido presidente por el voto popular en 1971 devino dictador contra su pueblo en 1973, violando el juramento prestado de defender la Constitución, se ha venido arrastrando desde los primeros tiempos de la restauración del poder civil. Efectivamente, ya en 1985 se presentaron contra Juan María Bordaberry denuncias judiciales por sus actos violatorios de la Constitución y por su responsabilidad en crímenes como asesinatos políticos y desaparición forzada de personas.

Solo la forma en cómo se interpretó la Ley de Caducidad, que más allá de su letra, Julio María Sanguinetti, entre otros, transformó en «el espíritu de la Ley de Caducidad», o sea la institucionalización de la impunidad por encima de toda norma constitucional, humanitaria o en consonancia con los tratados internacionales, permitió que el civil Bordaberry se mantuviera impune.

Como señala la crónica citada, «la fiscal Ana María Tellechea presentó el martes la acusación ante la jueza Graciela Gatti, que puede expedirse antes de fin de año. El pedido de procesamiento con prisión implica al dictador por el golpe de Estado de 1973, los asesinatos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, y la desaparición de Arpino Vega, Montes de Oca, Correa Rodríguez, Arévalo, Brieba, Bleier, y González González.

Una de las conclusiones del ministerio público sería que a Bordaberry le cabe responsabilidad en las muertes de Ubagesner Chaves Sosa y el escribano Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron encontrados en una chacra de Pando y en una unidad militar, treinta y dos años después de ser asesinados.

La Fiscalía también le adjudicaría culpabilidad al dictador en la ‘privación de libertad’ en siete casos de desaparición forzada, probablemente las de José Arpino Vega, Otermín Montes de Oca, Julio Correa Rodríguez, José Arévalo Arispe, Juan Manuel Brieba, Eduardo Bleier y Luis González González».

El dictamen de la fiscal Ana María Tellechea se suma al pedido de procesamiento de la fiscal Mirtha Guianze, que acusa a Bordaberry y al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, por los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en 1976, y el secuestro y desaparición forzada del médico Manuel Liberoff, residente en Buenos Aires, protagonizado en los mismos días del asesinato de Michelini, Gutiérrez, Whitelaw y Barredo.

El procesamiento de Juan María Bordaberry tiene una especial significación. Ya se han visto los esfuerzos, de toda índole, aplicados para impedir la marcha de las actuaciones judiciales o la intervención mediática en las actuaciones en un intento desorbitado por evitar el procesamiento.

Contra estas actuaciones de la Justicia se puso en juego todo el peso de la gravitación política del coloradismo conservador, con su prolongada entonación autoritaria. Hablamos del peso de figuras que formaron parte del elenco ministerial de Bordaberry, y que bajo su presidencia contribuyeron a darle a aquel reinado autoritario proyecciones políticas represivas amplias sobre el campo de la educación.

Bordaberry simboliza el prototipo del dirigente político carente de carisma y de votos, desligado de las estructuras políticas sobre las que se enanca para trepar en la escala del poder. Casi sin trayectoria y sin militancia partidaria, Bordaberry es hijo de la conjunción del poder económico con el poder del aparato del Estado.

Como estanciero acomodado y como ganadero enriquecido fue dirigente ruralista, senador del Partido Nacional y presidente colorado por obra y gracia de otra figura tristemente célebre de la historia del poder despótico en el país: Jorge Pacheco Areco.

A partir de ahora corre contra la cuenta regresiva de la Justicia uruguaya, un poder del Estado al que desconoció y agravió en sus tiempos de dictador. *