A contrarrestar la ofensiva de la derecha

En nuestro país se han venido produciendo importantes avances en materia de derechos humanos. El ingreso a los cuarteles, el descubrimiento de los restos de los dos camaradas desaparecidos, la extradición de militares a Chile por el asesinato de Berríos, la detención y procesamiento de ocho militares, son parte de esos avances. Avances en verdad, pero también en justicia. Que van a continuar. En el horizonte cercano se encuentran los procesamientos de los responsables políticos de los crímenes de lesa humanidad, de sus ideólogos. Más allá, para crecientes segmentos de la sociedad uruguaya, se presenta en el horizonte la anulación de la ley de impunidad.

Justamente por eso, porque la justicia viene avanzando como nunca, se orquestan operativos tendientes a crear determinado estado de opinión pública y a presionar sobre la justicia. Trampas, acusaciones espectaculares, maniobras orquestadas en las sombras. Estamos en presencia de una gran provocación -con métodos propios de la dictadura- para entorpecerla en su condena a los crímenes de lesa humanidad. Lo último refiere a la mentira sobre supuestas sanciones contra jueces por parte de la Suprema Corte de Justicia por sus actuaciones en el caso Bordaberry, cosa terminantemente desmentida por aquella.

Se ha producido un cambio de calidad en los ataques contra las acciones de la justicia y del gobierno.

Por un lado, y fundamentalmente, se pretende distraer la atención, buscando que no se tengan en cuenta los crímenes de la dictadura en nuestro propio país. O sea, se procura centrar la atención exclusivamente en lo ocurrido en Argentina, como si las únicas violaciones (o las principales) hubieran sido las ocurridas allí.

A la vez, este operativo se integra naturalmente en el ya viejo proceso de falsificación histórica respecto del pasado, ese operativo de desmemoria que intenta hacer olvidar el papel de la lucha popular en la derrota de la dictadura, magnificando algunos hechos y acciones y rebajando -sistemática e interesadamente- otras. Emparentado con la teoría de los dos demonios y/o el menoscabo del papel del PCU en la lucha dictatorial (con sus miles de detenidos-torturados, desaparecidos, clandestinos, exiliados), se trata de una nueva perla del mismo collar.

Por otro lado, se pretende hacer desaparecer la responsabilidad del dictador Bordaberry en los crímenes de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Liberoff, Barredo y Withelaw. En efecto, manejando la tesis del móvil económico («la guita») que movía en su accionar a bandas paramilitares, se busca esfumar de toda responsabilidad política a la dictadura fascista y a sus jefes. Incluso, insinuar que Zelmar manejaba dinero del MLN pretende conducir hacia el campo del delito común la causa del asesinato de un incansable luchador por la recuperación democrática. En el olvido quedan la vigilancia policial y militar de los aparatos de inteligencia de la dictadura sobre ambos legisladores, las gestiones de Juan Carlos Blanco para el estrechamiento del cerco sobre ambos, además de Wilson y otros exiliados, impidiendo que pudieran salir del país.

La conclusión lógica del operativo de distracción, si hubiera sido exitoso, debía conducir a lo siguiente: si lo importante pasó en Argentina y, a la vez, ello ocurrió por motivos vinculados «al dinero del MLN o las libras de Mailhos», Bordaberry no tiene responsabilidad alguna.

Sin embargo, los comunistas tenemos bastante para decir sobre hechos que inculpan al dictador aquí, en Uruguay:

1. En abril de 1972 fueron fusilados-asesinados los ocho camaradas del Seccional 20 del PCU. A ellos debe agregarse el Capitán Busconi, muerto por una bala del mismo calibre que la que utilizaron con los camaradas. Nuestro PCU realizó la denuncia y el fiscal la archivó, aduciendo que el ministro de Defensa de la época, Ravenna, había fallecido. Esto fue lo que dio pie a denunciar a quien, jerárquicamente, estaba por encima del ministro, o sea, el presidente Juan María Bordaberry, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto lo hicimos los comunistas y estamos esperando los resultados de las diligencias judiciales;

2. en el período que va del 27 de junio de 1973 a 1976, año en que es removido el dictador Bordaberry, un estudio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del año 2003 revela que fueron 26 los muertos en los cuarteles por torturas. El responsable político de las mismas no es otro que el que ostentaba el cargo máximo en la época, Bordaberry.

Junto con estos elementos, deben anotarse otras cuestiones preocupantes. Siguiendo la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque, ahora se señala por la oposición que «con este gobierno, en muchos aspectos, está en riesgo el Estado de Derecho, se asiste al vaciamiento del gobierno representativo». A lo que siguen muy sesudos y largos informes acerca de las supuestas violaciones del gobierno del FA a la Constitución, tema con el que pretende volver Lacalle a la escena política. Y ahí entra de todo, sí, todo lo imaginable en 11 capítulos. Igualmente, se asiste a una oposición cerrada, ciega, rotunda -repleta de chicanas y palos en la rueda-, donde los constantes llamados a los ministros al Parlamento ya bordea la imposibilidad de gobernar adecuada-

mente.

Pero todo esto no es casual. Además de los progresos en verdad y justicia, esta campaña sigue, como la sombra al cuerpo, a los restantes acontecimientos de avance popular. O sea, a la correcta resolución del tema del Tratado de Libre Comercio, producto de la movilización y el respeto a las decisiones orgánicas del FA, a lo que siguió el importante 9º Congreso del PIT-CNT. Una instancia que refuerza la unidad del principal componente del movimiento de masas uruguayo, con un excelente documento programático sobre el Uruguay productivo con justicia social (que ubica en sus justos términos a la política de Economía) y con una clara orientación de independencia de clase, lo que no impide  a la vez- atender las características esencialmente diferentes de un gobierno del FA para los trabajadores.

Al igual que se ha hecho anteriormente, la clase obrera y sus aliados estarán a la altura de los desafíos, analizando, discutiendo, movilizándose. El gran bloque político-social de los cambios, con centro en su parte más democráticamente avanzada, enfrentará y derrotará como corresponde esta fuerte ofensiva del bloque todavía en el poder. Para eso, una gran instancia serán las elecciones internas del12 de noviembre. Ese día, el FA todo deberá obtener una muy buena votación, al igual que aquellos sectores que hemos tenido una actitud coherente, de defensa del programa, de las resoluciones orgánicas, del país productivo con justicia social, del ataque a la indigencia y la pobreza, de la verdad y justicia y de la lucha contra la corrupción en todas sus formas.

La conquista de esos dos objetivos simultáneos (buena votación del FA y de la 1001), contribuirá -de un modo decisivo- a asegurar el avance de nuestro gobierno por el rumbo popular, nacional y democrático. *