La ofensiva desestabilizadora

Desde esta página, en más de una ocasión, nos hemos referido críticamente a ciertas medidas de lucha adoptadas por algunos sindicatos. Hemos señalado el error que significan las posturas intransigentes ante un gobierno que, desde que asumió, ha mostrado una preocupación notoria por la condición de los asalariados.

En mayo pasado, escribimos:

«A nadie escapa el grado de deterioro a que había llegado el nivel salarial de los uruguayos merced a una política económica nefasta y, fundamentalmente, a la crisis de 2002. Salarios depreciados, desempleo y actividad sindical desprotegida era la tónica al asumir el gobierno progresista. Es explicable, entonces, que las grandes masas postergadas, los eternos perjudicados por la política neoliberal, aspiren a mejorar su condición y reclamen a las autoridades medidas urgentes para paliar la situación y empezar a emerger.

Lo que no se explica es la intransigencia que últimamente están exhibiendo algunos gremios. Sus reclamos son justos pero no justifican las medidas extremas adoptadas. Sus reivindicaciones son legítimas pero no son legítimos los medios empleados algunas veces para lograrlas.

Se tiene la impresión de que ciertos gremios han olvidado que el gobierno está abocado a mejorar la condición de los asalariados, sobre todo de los más sumergidos, y que, a la vez que encara una política tendiente a crear fuentes de trabajo genuinas, también hace lo posible por aliviar las penurias actuales con medidas de corto plazo».

Hoy la situación es diferente. Si bien persisten conflictos sindicales, el gobierno está recibiendo fuego graneado desde otras tiendas. Ahora los embates realmente virulentos provienen del verdadero adversario: el empresariado conservador aliado a la derecha política.

Cuando no se han apagado aún los ecos del episodio que concluyó en la destitución del comandante en jefe del Ejército, varias gremiales empresariales pretenden jaquear al gobierno con medidas de fuerza que causan mucho más daño a la economía y a la imagen del país que los conflictos sindicales a que aludimos antes. Y llama la atención el silencio de la oposición, tan proclive a denunciar toda medida gubernamental que lesiones sus intereses como una «mala señal para los inversores».

La patronal de taxímetros, por un lado, y la corporación de transportistas de carga con el apoyo expreso de las gremiales agropecuarias, por otro, han adoptado la medida extrema de paralizar sus actividades. Las razones aducidas no tienen sustento, no son creíbles y tienen un fuerte componente político que nadie sensatamente puede negar. La propuesta gubernamental de gravar el gasoil destinado al transporte de carga como medio para lograr el abaratamiento del boleto está en el origen del conflicto aunque ha quedado demostrado que, con la posibilidad de descontar el iva, los costos del rubro transporte de cargas no se incrementarán.

A la hora de escribir estas líneas, se informa de la decisión de la patronal de taxímetros de deponer su actitud irracional y de suspender la medida extrema. Los camioneros, en cambio, todavía no parecen dispuestos a abandonar el reclamo a pesar de las febriles negociaciones que se llevan a cabo.

Resulta imposible no recordar cómo las movilizaciones y paros de los camioneros chilenos afectaron seriamente al gobierno popular de Salvador Allende. Por eso, precisamente, tales medidas deben ser denunciadas como un intento desestabilizador y deben ser enfrentadas con firmeza.

En este sentido, el PIT-CNT ha dispuesto un paro general parcial para hoy, entre las 10 y las 15, con el objeto de manifestar su rechazo a la intransigencia criminal de las corporaciones. *