Inaceptables argumentos en defensa de la impunidad

La negativa del gobierno uruguayo de acceder a la solicitud de informes enviada por el fiscal argentino Miguel Angel Osorio es un acto vergonzoso, que indica algunas características del actual gobierno que, hasta ahora, no se habían evidenciado con tanta claridad.

En primer lugar, evidencia la decisión del gobierno de poner obstáculos a las investigaciones que se realizan para hallar al hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti.

Sobre el punto, y en los días que siguieron al hallazgo de la nieta del poeta Juan Gelman, el Presidente de la República había formulado enfáticas declaraciones comprometiendo su esfuerzo en la localización del niño secuestrado.

Este compromiso se hizo ante la madre del niño, Sara, ante el país y, sobre todo, ante las cámaras de televisión.

La televisión, esa máquina de fabricar «novedades» efímeras e indagar sobre proyectos que pronto se diluyen, ¿seguirá haciendo lo posible para que el país se olvide de los compromisos de hace apenas unos pocos meses?

En segundo lugar, al obstaculizar una investigación sobre desapariciones, que es un delito permanente así calificado en los convenios internacionales suscritos por Uruguay, y al mismo tiempo poner trabas a una investigación sobre robos de bebés, delito que en Argentina no ha quedado amparado por las leyes de Punto Final, ni Obediencia Debida ni por el Indulto, el gobierno uruguayo se coloca más atrás, más apegado a los intereses de los militares golpistas que ningún otro gobierno de la región.

En ese aspecto tiene asidero conceptual la hipótesis, manejada por el fiscal Osorio, de plantear el asunto ante los organismos competentes de la OEA en cuyo marco se han firmado los tratados interamericanos de velar por la vigencia de los derechos humanos en América que ahora el gobierno desconoce.

Hay un tercer elemento que es de extrema gravedad.

Desde el Ministerio de la vergüenza nacional se armó la tesis que dar a la Justicia argentina la información solicitada «alteraría riesgosamente la estabilidad de la organización social, jurídica y política de la nación toda».

¿Tan grande es el poder que detentan los indagados?

La impunidad de los ocho militares mencionados por el fiscal ¿es la condición para la estabilidad social, jurídica y política del país?

Pero entonces, ¿en qué situación estamos?

En la tercera administración posdictadura ¿todavía el gobierno sigue funcionando –y pretende que el país lo siga en eso– como si estuviéramos en «el período de transición»?

¿Para cuándo se prevé que terminará este singular período en el que hacer cumplir la ley a un puñado de funcionarios pone en riesgo la solidez de todo el edificio institucional de la democracia?

Finalmente hay otro argumento elaborado por los «arsenales» jurídicos de la vergüenza nacional.

Se dice que «la cooperación en materia jurídica entre los países (del Mercosur) tiene el lógico límite de la defensa del ordenamiento jurídico del Estado en situaciones límite, cuando las bases del mismo, soberanía, paz social, seguridad u otros intereses públicos fundamentales se vieren seria y concretamente afectados».

Esta frase, según se dice tomada de un artículo del jurista Eduardo Telechea, es todo lo que se ha divulgado, hasta ahora, acerca de la respuesta del gobierno.

¿A qué se refiere cuando habla de situaciones límite?

Hay dos interpretaciones posibles, a cual peor.

Una interpretación es que, como se ha dicho antes, el país vive ahora una situación límite.

Habría que preguntarse qué clase de situación es esa que sólo aflora a propósito de un simple pedido de informes sobre militares involucrados en secuestros.

La otra interpretación es que el país vivía ese tipo de «situación límite» en 1976, cuando se realizaron los secuestros y Simón le fue arrebatado a su madre.

Esta interpretación coloca al gobierno actual en coincidencia con las afirmaciones de la dictadura cuando, entre otros atropellos a la democracia, decidió, aquel año y aquellos meses, la proscripción de algunos cientos de dirigentes políticos entre ellos el actual Presidente de la República.