Violaciones a los DDHH: se siguen cerrando salidas para los culpables

En los últimos días la acción de la Justicia en varios países de la región (Paraguay, Argentina, Uruguay) ha significado nuevos pasos en el estrechamiento del cerco que se cierne sobre los violadores de los derechos humanos en el período del Plan Cóndor.

Los avances son lentos. La Justicia actúa con parsimonia. Hay nuevos delitos y nuevos parámetros legales desde donde examinarlos. Normas internacionales de enorme gravitación empiezan a ser ratificadas por los poderes legislativos y la imprescriptibilidad de los delitos se hace realidad.

Uruguay acaba de sancionar la ley que da vigencia en nuestro país a los lineamientos legales contenidos en el Tratado que regula la actuación del Tribunal de Roma. La enorme significación del tratado parece haber amortiguado las críticas que en otro momento se hicieron, y sorprendente y felizmente el Estatuto fue aprobado por unanimidad.

En estos días, el prestigioso Equipo Niskor que edita y difunde información bien precisa sobre las actuaciones judiciales en todas partes del mundo en defensa de la vigencia de los derechos humanos, acaba de publicar a través de su revista digital una información que tiene estrecha relación con las actuaciones recientes de nuestro Parlamento y a la que hacíamos referencia en el parágrafo anterior.

Nos referimos a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kolk y Kislyiy versus. Estonia: Imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva. En el mismo se da cuenta detallada de los fundamentos sobre los que el Tribunal Europeo dio curso a una demanda por crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 1949.

En nuestra región del Cono Sur de América, también las decisiones judiciales apuntan en el mismo sentido. Tal como informara LA REPUBLICA en su edición de ayer “la jueza en lo penal de 6º Turno, doctora Fanny Canessa, dio curso a un pedido de extradición sobre el coronel Luis Maurente y el suboficial Ernesto Soca, requeridos por la Justicia Federal argentina en el marco de la causa conocida como “Automotores Orletti”.

Canessa, como primera medida en este proceso, envió un oficio a la jueza en lo Penal de 20º Turno, doctora Aída Vera Barreto, para notificarse oficialmente sobre la situación de Soca, quien se encuentra en Cárcel Central a la espera de la decisión sobre el otro pedido de extradición. La magistrada cursó también un oficio al juez en lo Penal de 19º, doctor Luis Charles, quien procesó a Maurente -junto a otros militares y policías- por su vinculación en la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Argentina en setiembre de 1976.

Maurente se encuentra procesado por “privación de libertad” y “asociación para delinquir” por dicho caso, y Soca cumple prisión administrativa mientras se define su extradición, pedida por el juez federal argentino Guillermo Montenegro dentro de la causa “Plan Cóndor”.

La extensión del principio de imprescriptibilidad en la judicatura de un número creciente de naciones va estrechando el campo a quienes desde los regímenes de terrorismo de Estado, durante la década de los setenta y la primera parte de los ochenta fueron reyes y señores de vidas y haciendas.

El fenómeno al que asistimos en nuestro país es un capítulo de una transformación más amplia, un cambio en curso en el mundo entero. Fue necesario que las naciones tomaran conciencia de la naturaleza de los crímenes cometidos y los riesgos para la libertad, la dignidad y la integridad física de los seres humanos el hecho que los responsables de estos crímenes se mantengan en la impunidad.

Como aparece reflejado en la sentencia del Tribunal Europeo, las referencias a los elementos conceptuales de los juicios de Nuremberg celebrados inmediatamente después de terminada la segunda guerra mundial muestran la continuidad de una preocupación humanitaria que renacería entre nosotros a medida que se fueron conociendo los crímenes de las dictaduras cívico militares. *