Derecho a emigrar y a no emigrar

¿Diecisiete países iberoamericanos reunidos en Montevideo para analizar temas de seguridad social? Así es. El Ministerio de Trabajo y S. Social fue anfitrión y organizador, los días 10 y 11 de octubre, de la reunión realizada en el marco de la Cumbre Presidencial Iberoamericana, en la que se continuó la elaboración del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. El mismo tiene como cometido garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores migrantes y sus familias. Se dio así cumplimiento a compromisos asumidos en Segovia, reunión de Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y Salamanca, cumbre Presidencial, ambas en 2005.

Las migraciones, tema central de la Cumbre Presidencial de Montevideo en apenas 15 días, nos involucra a todos. Está muy bien diseñar un marco normativo para garantizar derechos de los migrantes. América se desgarra ante la emigración. Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y otros, conocen los dolores que ello provoca. No podemos ignorar el fenómeno ni tampoco el hecho de que mientras existan naciones habrá migraciones. ¿Es suficiente? Cuando alguien se va del país porque no le queda otra alternativa, ¿lo hace con una sonrisa de alegría o más bien con un rictus de amargura?

La realidad latinoamericana nos dice que es el continente más desigual del planeta, resultado de políticas que durante decenas de años se implementaron generando exclusión social y emigración. La sangría era brutal. En algunos momentos, muy poco tiempo atrás, se nos iban hasta ¡5 uruguayos por hora!

Diseñemos sí, políticas para la mejor administración de los flujos migratorios. Pero, y esto es lo fundamental, generemos políticas para que no se nos vayan los mejores, jóvenes en general. Porque así como existe un derecho a emigrar, los países tienen la obligación de asegurar condiciones de vida para que la gente no emigre.

Las remesas de 2005 fueron 232.000 millones de dólares en el mundo. De ellos, 167.000 fueron para países subdesarrollados. Cantidades muy superiores a las que transfieren oficialmente como ayuda todas las naciones donantes en su conjunto, y que nos lleva a preguntarnos ¿ayudan a la reducción de la pobreza en general, o más bien contribuyen a mejorar prioritariamente el consumo de las familias de los migrantes? Tienen todo el derecho a esto último, aunque más no sea para mitigar los dolores del alma producidos por la distancia. Pero cierto es que algunos países donantes se tornan olvidadizos acerca de sus obligaciones, descansando en que las remesas son la solución.

Por otra parte, deben reconocer nuestros países que así como existe un derecho a emigrar, hay otro a no emigrar. Nuestro continente debe asumir el desafío de profundizar la democracia como factor de cohesión social. Están en juego derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales. Tiene mucho que ver con el trabajo decente que como derecho humano ocupa lugar central en la sociedad.

La cooperación entre países, más que un deseo loable, es imperativo estratégico, por lo cual debe fortalecerse el multilateralismo como respuesta eficaz. Así se dijo en Segovia y Salamanca y en Montevideo, una semana atrás. Lo cual significa adhesión al derecho internacional y cumplimiento de obligaciones. Porque la brecha entre derecho y realidad es demasiado importante como para ignorarla.

La declaración de Montevideo expresa que las migraciones involucran intensamente a todas las sociedades por sus consecuencias en la configuración política, económica, social y cultural de las mismas, razón por la cual se considera conveniente el diseño de un marco normativo iberoamericano a efectos de canalizar adecuadamente los flujos migratorios.

Y agrego: sin olvidar la cuestión social, es decir una democracia cohesionada, que haga efectivo el derecho a quedarse en nuestros países. *