Documentos oficiales que acusan al Ejército

El informe publicado en la página tres de la edición de ayer de LA REPUBLICA constituye un impecable y por demás esclarecedor ordenamiento de datos.

Dada la naturaleza de los hechos (se trata de la eventual ejecución de veintiuna o veintidós personas), no habría que leer este informe con espíritu rutinario, con percepción desprovista de exigencias o falta de voluntad analítica. Todo lo contrario.

Lo primero que habría que hacer notar es que, en este pedir la palabra para informar, el diario LA REPUBLICA, una vez más, actúa en solitario.

No se trata, esta vez y en esta nota que comentamos, de una investigación periodística, de las que han destacado al profesional que, desde este diario, las ha venido realizando de manera exitosa.

No. No se trata de una investigación. De un seguimiento prolijo de fuentes y elaboración de datos, no. En todo caso, lo que contiene como investigación propia y apelación a testimonios son aspectos menores y ya han sido publicados.

Se trata –eso es lo que hace la nota– de una lectura cuidadosa de los textos públicos editados por la propia Junta de Comandantes en Jefe.

Obras plúmbeas, de varios centenares de páginas cada tomo, distribuidas hasta el hartazgo durante la dictadura porque en ella, además de la versión policial-militar de los hechos, se esparcían toneladas de versículos de adoctrinamiento.

Tratándose, pues, de delitos graves que se esconden y fuentes oficiales disponibles en cualquier librería de la calle Tristán Narvaja, llama la atención que a las mismas razonables conclusiones que llega el periodista de LA REPUBLICA no hayan arribado los demás periódicos diarios que se editan en la capital.

En realidad, lo que aporta el artículo publicado ayer es un ayuda memoria, una puesta en negro sobre blanco de una información que se encuentra publicada bajo los auspicios el Estado Nacional   y con cargo al presupuesto ídem – desde hace más de veintiocho años. La nota recuerda los elementos de información ya dados por la autoridad militar.

Brindados voluntariamente, además, con aquella locuacidad (todos los recordarán) de los militares cuando ellos eran los vencedores.

Esa verborragia que ahora parecen haber perdido y solo hablan con monosílabos.

Datos con los que, en 1978, hacían alarde. Información que hoy ocultan.

¿Dónde quedó aquel orgullo? ¿Por qué hay que borrar del mapa organismos enteros portadores antaño de los laureles y de los ecos de tan celebradas hazañas?

Concluye lapidariamente Roger Rodríguez «Los desaparecidos del ‘segundo vuelo’ habían sido secuestrados en Buenos Aires, torturados en ‘Automotores Orletti’ y traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el confeso Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) en una operación coordinada por el Servicio de Información y Defensa (SID).

En el operativo de detención y traslado actuaron miembros de la ‘patota’ del OCOA dependiente de la División de Ejército I, quienes llevaron a aquella veintena de uruguayos al centro de torturas ‘300 Carlos’ ubicado dentro del Servicio de Material y Armamentos (SMA) del Ejército Nacional».

El razonamiento concluye de manera por cierto explícita: «El comandante en jefe del Ejército como miembro de la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ), los generales del Ejército como integrantes de la Junta de Oficiales Generales (Joogg), el general en la jefatura del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el general al frente del Servicio de Información y Defensa (SID), el comandante de la División de Ejército I como mando directo del Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que operaba en Montevideo y Canelones, todos miembros del Ejército, supieron qué ocurrió con aquellas víctimas».

Las actuales jerarquías castrenses deberán explicar claramente el porqué de esta contradicción.